El diputado César Muedas Balbiese presentó el proyecto de ley que tiene por objeto modificar el artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, a fin de incorporar un impedimento para contratar con el Estado aplicable a las personas naturales y jurídicas que mantengan deudas tributarias o aduaneras exigibles en procedimiento de cobranza coactiva, conforme a las condiciones y excepciones establecidas en la presente ley.

La propuesta legislativa pretende incorporar el numeral 5 al párrafo 30.1 del artículo 30 de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en los siguientes términos

“Con independencia del régimen legal de contratación aplicable, los impedimentos para ser participante, postor, contratista o subcontratista con la entidad contratante son los siguientes: Impedimentos derivados de deudas tributarias y aduaneras exigibles. Tipo 5.A. Las personas naturales y jurídicas que mantengan deudas tributarias o aduaneras administradas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), exigibles en cobranza coactiva conforme a la legislación tributaria, cuyo importe total actualizado sea superior a cinco (5) unidades impositivas tributarias (UIT), siempre que exista un procedimiento de cobranza coactiva iniciado y vigente. El impedimento se aplica a nivel nacional, mientras subsistan las condiciones que lo originan, y comprende la participación en procedimientos de selección, la presentación de ofertas, la suscripción de nuevos contratos y la intervención como subcontratista, de acuerdo con la presente ley. No se configura el impedimento cuando la deuda se encuentre válidamente suspendida o cuando el obligado cuente con aplazamiento o fraccionamiento aprobado y vigente, siempre que cumpla las condiciones exigibles del beneficio. Tampoco se configura respecto de deudas cuya exigibilidad coactiva haya cesado conforme al Código Tributario. El impedimento cesa cuando la SUNAT confirme la extinción de la deuda que lo originó o la desaparición de cualquiera de las condiciones legales para su aplicación. La verificación se efectúa mediante mecanismos de interoperabilidad, con respeto de la reserva tributaria, la protección de datos personales y el derecho de rectificación de la información inexacta. Excepcionalmente, podrá autorizarse la inaplicación temporal del impedimento cuando resulte indispensable para evitar el desabastecimiento de bienes o servicios esenciales, mediante decisión motivada de la entidad contratante, sustentada en la inexistencia de alternativas razonables y sujeta a control posterior”

Asimismo, se pretende incorporar el literal e) al párrafo 31.2 del artículo 31 de la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, en los siguientes términos: «Artículo 31. Ficha Única del Proveedor (FUP).

“Artículo 5. Verificación del impedimento La dependencia encargada de las contrataciones de cada entidad contratante verifica la existencia del impedimento previsto en el Tipo 5.A, mediante la Ficha Única del Proveedor y los mecanismos de interoperabilidad que se implementen con la SUNAT. La información utilizada para determinar el impedimento debe encontrarse actualizada y permitir la identificación de la deuda exigible, su importe y el estado del procedimiento de cobranza coactiva, sin revelar información protegida por la reserva tributaria que no resulte indispensable para dicha verificación. El proveedor tiene derecho a solicitar la corrección de la información errónea y a acreditar la inexistencia o el cese de la causal de impedimento”.

El diputado afirma que se pretende establecer un mecanismo normativo que fortalezca la responsabilidad fiscal y la integridad en las contrataciones públicas mediante la incorporación de un impedimento para contratar con el Estado aplicable a personas naturales y jurídicas que mantengan deudas tributarias o aduaneras administradas por la SUNAT, exigibles en cobranza coactiva, por un importe total actualizado superior a cinco UIT, siempre que exista un procedimiento coactivo iniciado y vigente, garantizando el respeto de los derechos de los administrados y la continuidad de los servicios públicos.

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