El Pleno del Tribunal Constitucional sesionará el 12 de noviembre donde analizará el informe oral que deberá sustentar el letrado que representa al Colegio de Abogados de Loreto contra la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera y cambios al Código Penal que aprobó el Congreso con la Ley 32537, que extendió la vigencia del proceso de formalización minera hasta el 31 de diciembre de 2026.

Otro de los argumentos de la demanda de inconstitucionalidad es contra el artículo 3 del Decreto Legislativo 1695, que modificó los artículos 307-A y 307-F del Código Penal a favor de la mineria ilegal en el país.

Entre los fundamentos de la demanda, Loreto, afirma que la Ley aprobada por el Congreso, vulneran derechos como el de vivir en un ambiente equilibrado, la salud, la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia ambiental ya que las actividades mineras están contaminando el río Nanay, que es el principal recurso hídrico del que se abastece la población de Iquitos.

Sostienen tambien es que el Reinfo está generando inmunidad administrativa, civil y penal para sus inscritos que no ha cumplido con el objetivo de su creación hace más de 24 años por lo que al mantenerse en el registro permitiría que personas que desarrollan actividad minera sin autorización eviten responsabilidad penal.

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