El consejero regional de la provincia de Caravelí, Áron Maldonado, expreso su rechazo al proyecto de ley que ha presentado el gobierno nacional respecto de la pequeña mineria y mineria artesanal que en los hechos debilitaría las competencias regionales actuales, así como se pretende crear mecanismos que concentran funciones en entidades del gobierno nacional no tomándose en cuenta a las autoridades regionales.

Maldonado exige al Congreso que no apruebe el proyecto de Ley MAPE en los términos presentados por el Poder Ejecutivo y que disponga su revisión integral, modificando o suprimiendo las disposiciones que vulneren las competencias de los Gobiernos Regionales, incluida la creación del FERMAPE y de los mecanismos institucionales asociados, en cuanto impliquen una indebida centralización de funciones.

Remarca que la Ley de Bases de la Descentralización, Ley N.° 27783, y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N.° 27867, constituyen el marco legal para el ejercicio de las competencias regionales. Los Gobiernos Regionales, a través de sus Direcciones y/o Gerencias Regionales de Energía y Minas, ejercen las funciones que les han sido transferidas en materia de pequeña minería y minería artesanal, incluyendo las funciones de fiscalización ambiental y las relativas a seguridad y salud ocupacional, conforme a la distribución de competencias establecida en la legislación vigente. Estas atribuciones no pueden ser desconocidas ni recortadas unilateralmente mediante decisiones centralistas.

El consejero Maldonado denuncia que impulsar una reforma de esta magnitud sin la participación efectiva de los Gobiernos Regionales constituye un grave retroceso para la descentralización. Demanda que las autoridades regionales sean escuchadas durante el debate legislativo y que sus opiniones técnicas y jurídicas sean debidamente evaluadas, ya que las regiones no somos simples dependencias administrativas del Gobierno Nacional y son niveles de gobierno con responsabilidades y competencias propias.

Alerta asimismo que concentrar en Lima las decisiones sobre formalización y fiscalización minera, desconociendo las capacidades y responsabilidades regionales, reproduce un modelo centralista que históricamente no ha respondido adecuadamente a la diversidad territorial ni a las necesidades del Perú. Refiere que la solución a los problemas de la pequeña minería y minería artesanal no consiste en debilitar a los Gobiernos Regionales, sino en fortalecerlos técnica, presupuestal e institucionalmente.

Exige un proceso legislativo transparente, descentralizado y participativo, que garantice la articulación entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, respete el marco constitucional y legal vigente y promueva una minería formal, responsable, segura y ambientalmente sostenible.

Finalmente, acota que desde el Consejo Regional de Arequipa defenderá firmemente las competencias regionales y nos opondremos a toda medida que pretenda debilitarlas ya que la formalización minera no puede convertirse en una excusa para recentralizar el Estado ni para desconocer la institucionalidad regional.