Cuatro situaciones adversas fueron detectadas por la Contraloría luego de supervisar 52 penales a nivel nacional los que afectan la seguridad y vigilancia integral de las prisiones que hoy albergan a más de 90 mil internos del sistema penitenciario nacional.

La Contraloría General señala que el problema más recurrente en los establecimientos penitenciarios supervisados es la insuficiente asignación y disponibilidad de personal, armamento, equipamiento táctico y medios de comunicación en los puestos de seguridad. Con algunas de estas limitaciones figuran los E.P. Miguel Castro, Cañete y Huacho (en Lima), Huaraz y Chimbote (en Áncash), Chincha (Ica), entre otros.

En 43 de los 52 establecimientos penitenciarios existen situaciones adversas relacionadas a la inoperatividad de las cámaras de videovigilancia, las cuales podrían afectar las actividades de vigilancia y control. Con mayor frecuencia se han observado estos riesgos en los E.P. Base Naval – Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Callao), Yurimaguas e Iquitos (Loreto), Bagua Grande (Amazonas), Arequipa y Camaná (Arequipa), así como en Cochamarca (Pasco).

También se ha alertado sobre la carencia o inoperatividad de equipos tecnológicos para realizar el control de seguridad en los puntos de acceso penitenciario, limitando la revisión e caz de visitas y bienes. En los E.P. Chimbote (Áncash) y Callao (Callao), por ejemplo, el control de ingreso, inspección y registro de personas se realiza únicamente de forma manual debido a la falla o inoperatividad de los equipos.

Las comisiones de control han identificado siete E.P. que carecen de sistemas de bloqueo o inhibición de sistemas de señales de telefonía móvil, Internet y radiofrecuencia. Estos son: Barbadillo (Lima), Base Naval – CEREC (Callao), Río Negro (Junín), Juanjuí y Tarapoto (San Martín), Iquitos (Loreto) y Pucallpa (Ucayali).

Los resultados del operativo de control -efectuado del 14 al 16 de setiembre de 2026- fueron comunicados oportunamente a los directores regionales del INPE a n de que adopten las medidas correctivas, las cuales deben ser remitidas al Órgano de Control Institucional del INPE.

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