En sesión conjunta realizada el martes 16 en la sede del Consejo Regional donde participaron algunos consejeros, directores y funcionarios del IMPLA, para analizar la cuestionada ordenanza 007-2003, la presidenta Ortega sugirió la posibilidad de actualizar la ordenanza, pero no derogarla, sin embargo los representantes del IMPLA remarcaron que dicha ordenanza es inconstitucional e ilegal, por lo que al concluir la reunión Ortega, anunció que pedirá informes ampliatorios a las comisiones ordinarias y volver a debatir el tema en las próximas semanas para definir el asunto.

El asesor jurídico del IMPLA en su exposición ratificó que el Consejo Regional carece de competencia para tratar temas de zonificación por mandato constitucional y legal por lo que era necesaria la derogación de la OR 007-2003 que era potestad del legislativo regional.

Refirió que las gerencias regionales de Agricultura y Ambiente en sus informes sugirieron la derogatoria de ordenanza 007-2003, mientras que Asesoria Juridica del GRA planteó que la ordenanza debe adecuarse a la legalidad.

Asimismo, puntualizó que la Com. Agricultura del Consejo Regional concluye que el GRA carece de competencias y debe derogarse o reformularse la ordenanza mientras que la Com. De Demarcación Territorial planteo la derogatoria de la OR, en tanto que la Com. Ecología sugirió la sustitución de la ordenanza cuestionada, mientras que la Com. De Urbanismo del Colegio de Abogados de Arequipa tambien opinó que el gobierno regional no es competente para temas de zonificación que es competencia de exclusiva de las municipalidades.

La gerenta del IMPLA, Patricia Muñoz, ratificó el planteamiento técnico jurídico de su institución en relación a la derogatoria de la OR 007-2003 y un representante del directorio confirmó dicha derogatoria por las razones esgrimidas y recomendó que la ordenanza debe perfeccionarse.

La presidenta Ortega señaló que el IMPLA solicita la derogatoria de la OR y el Consejo Regional no tiene esa obligación y la Com. Legal que ella preside no ha emitido un dictamen por lo que el Consejo debe hacer respetar las normas que emite y el IMPLA puede hacer valer sus derechos ante las instancias constitucionales.

La consejera Taco señaló que la Comision de Acondicionamiento Territorial no apoya derogatoria de la OR y debe instalarse mesas técnicas para abordar el tema. El jefe de Asesoria Juridica del GRA afirmó que las gerencias regionales no tienen facultades para emitir opiniones normativas y su oficina regional solicitó informacion documentaria, pero las gerencias no pueden emitir opinión legal.

Remarcó que debe protegerse las áreas verdes y el GRA nunca invadió las competencias de la municipalidad provincial ni del Plan Director del 2002 y cuestionó los argumentos del IMPLA ya que la depredación en la provincia ha avanzado en áreas agrícolas y puntualizó que entre los argumentos esgrimidos por representantes del IMMPLA no encontraba ninguna finalidad para derogar la OR 003-2007 que incluso tiene una sentencia judicial del juez quien en su resolución sustentó que la ordenanza regional 007-2003  tenía vigencia para proteger las áreas verdes de la región.

La gerente del IMPLA rebatió señalando que ellos tenían la obligación de planificar el crecimiento de la provincia ya que Arequipa del 2003 no es la misma en el año 2026. Precisó que OR 007-2003 no tuvo ningún estudio técnico, científico ni hidrológico ni jurídico cuando lo aprobaron, al tiempo de remarcar que el Consejo Regional no tiene competencia constitucional ni legal para abordar este tema y dicha competencia es de las municipalidades.

Agregó que los cambios de zonificación anteriores se hicieron ilegalmente no respetándose la normatividad como precisa la sentencia judicial, pero el IMPLA no tiene ánimo de confrontación institucional y una alternativa podria ser la actualización de la ordenanza cuestionada.

Uno de los directores del IMPLA, afirmó que al amparo de una ordenanza municipal ellos aprobaron la reglamentación de la zonificación, mientras que el gobierno regional luego de aprobar la ordenanza regional 007-2003 no emitió norma complementaria. El asesor jurídico del IMPLA ratificó que la OR es inconstitucional y era potestad del Consejo Regional modificarla o derogarla al amparo de su autonomía e interrogó a los consejeros con la siguiente pregunta: ¿Qué ha protegido la OR desde el 2003 respecto a la depredación de áreas agrícolas en la provincia de Arequipa? Ratificó que debe derogarse la OR porque es inconstitucional y viola la ley 31313 del 2021 que está vigente.

La consejera Ortega refuto afirmando que las comisiones emitieron informes y no dictámenes y no hay consenso en las comisiones ordinarias y no había sustento para derogarlas ya que no puede haber vacío normativo en la protección de áreas verdes en la región Arequipa.

La consejera Taco preguntó desde cuando se creó el IMPLA y porque recién hoy se interesan en la derogatoria de la OR. Los funcionarios del IMPLA respondieron que heredaron ese problema que se agudiza cada año y Arequipa ha crecido inorgánicamente lo que no puede continuar indefinidamente. Taco señaló que si hubo desorden fue por negligencia del MPA, mientras que la consejera Choquehuanca planteo que el IMPLA debería proponer un proyecto de ordenanza.

Intervino el jefe de asesoría Juridica del gobierno regional, quien manifestó que las ordenanzas no necesitan reglamentación y la carencia de informes técnicos no quita eficacia de la vigencia de la OR y solo Asesoría Juridica puede emitir opinión legal autorizada y el gobierno regional no invadió competencia municipal.

La consejera Ortega planteo la actualización de la ordenanza y pedirá informes ampliatorios a las comisiones ordinarias y plantear soluciones y lo mismo debiera ser el IMPLA, ya que la comisión de asesoría jurídica que ella preside no emitirá un informe a favor de la derogatoria y podria darse una ordenanza modificatoria.

Concluyó señalando que pedirán opinión de la sociedad civil y remarcó que los informes emitidos sobre el tema eran de carácter individual de algunos consejeros y no de las comisiones y pedirá ampliación del tema. El asesor legal del IMPLA reiteró que estamos en un Estado de Derecho en el país y el Consejo Regional tiene la obligación de respetar las competencias constitucionales y legales de las municipalidades del país.

Comentario del tema

En un Estado Constitucional de Derecho, cuando las leyes se aprueban y adquieren vigencia deben respetarse y si esa norma colisiona contra la Constitución o legislación, existe la posibilidad de impugnarlas ante los órganos competentes o pedir al órgano legislativo que la emitió que la derogue al amparo de su autonomía constitucional o legal.

El IMPLA ha solicitado formalmente al Consejo Regional que derogue o actualice la ordenanza regional 007-2003, argumentado Juridica y técnicamente que el Consejo Regional no tiene esa competencia constitucional ni legal, ya que dicha atribución es exclusiva de las municipalidades provinciales en cuanto a zonificación y áreas verdes.

En la sesión de trabajo entre el Consejo Regional y el IMPLA del martes 13, ninguno de los consejeros ni el asesor jurídico regional,  no sustentaron ni demostraron documentadamente cuales eran los informes o dictámenes técnicos ni jurídicos que sirvieron de base para aprobar la ordenanza 007-2003, ya que según los directores y funcionarios del IMPLA, esa norma regional no tuvo dictámenes ni informes técnicos que hayan servido de base para la aprobación de la cuestionada norma regional el año 2003.

El único argumento esgrimido por los consejeros y el asesor jurídico fue la protección genérica de las áreas verdes, siendo refutados por el IMPLA, quienes manifestaron que la ordenanza 007-2003 no tuvo reglamentación especifica, por lo que en los hechos es un saludo a la bandera.

Ortega sostiene que los informes emitidos por las comisiones ordinarias son informes y no dictámenes por lo que no son vinculantes y ahora convocará a la sociedad civil para que emitan opinión y ella personalmente como presidenta de la comisión lega está en contra de la derogatoria y el tema se definirá en las próximas semanas.

Es cierto tambien que el actual IMPLA y el Consejo Regional no crearon el problema, sino que han heredado este asunto y hay que resolverlo dentro del marco constitucional y legal. Hay dos caminos. La OR puede ser derogada o modificada por el Consejo Regional al amparo de su autonomía normativa y si hay voluntad política tomando en cuenta el respeto a la Constitución y las leyes vigentes.

La otra opción es que el Concejo Municipal conformado por la alcaldesa y los regidores, en Consejo Municipal acuerden por mayoría interponer un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional por menoscabo de atribuciones, ya que la zonificación es una competencia exclusiva y excluyente de las municipalidades provinciales y no de los gobiernos regionales señalada en la Carta Magna.

Lo lamentable es que los regidores provinciales no brindan apoyo institucional al IMPLA y los dejan solos e indefensos ante el Consejo Regional. Parece que los regidores están durmiendo o invernando y no les interesa la defensa de sus competencias constitucionales ni legales. A excepción de la regidora Mayra Sumari y el regidor Rolando Bedregal, que han emitido opinión dividida sobre el tema, los demás están en las nubes y no pisan tierra y no se pronuncian sobre este tema concreto.

El tema es impredecible si este año resolverán el asuntó, pero más allá del tema de fondo de competencias constitucionales y legales, se evidencia que tanto en el Consejo Regional y en el Consejo Municipal hay representantes que no están preparados ,ni asesorados políticamente, técnicamente, ni jurídicamente y han llegado  de casualidad a dichos cargos y van a culminar la gestión, pero no se ubican el espacio tiempo histórico lo que es lamentable en Arequipa que se precia de su nivel cultural, intelectual y respeto al orden jurídico.

Un detalle final. En entidades estatales todo debe ser transparente, salvo en temas de seguridad nacional, intimidad o reserva tributaria que tiene protección constitucional. Un mal presente que deja el Consejo Regional es que no informa ni transparenta la documentación interna que se tramita. Tampoco publica cronológicamente las sesiones de las comisiones ordinarias ni lo temas a debatirse ni mucho menos los invitados o citados para abordar un tema de interés regional como sucedió con la sesión de trabajo entre el IMPLA y el Consejo Regional.

Tampoco se difunde los proyectos de acuerdos u ordenanzas que presentan los consejeros lo cual es lamentable en el parlamento regional que no ha logrado empoderarse ante la opinión pública que cada mes aprueban acuerdos como casinos, que generalmente no se cumplen y son saludos a la bandera y que no tienen un impacto en la sociedad mistiana, salvo algunas excepciones. Esperemos que en el nuevo parlamento regional 2027-2030 haya mejor nivel.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado

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