El 01 de septiembre el diputado, Jair Manrique Olivera, presentó el proyecto de resolución legislativa que pretende modificar el art. 44 de la Resolución Legislativa 005-2025-2026-CR que aprueba el Reglamento de la Cámara de Diputados en los siguientes términos:

“Artículo 47. Comisión de Ética Parlamentaria La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados es la encargada de promover la ética parlamentaria, prevenir actos contrarios a esta y resolver las denuncias que se formulen de acuerdo con el Reglamento del Congreso de la República”.

La innovación de la propuesta del diputado Manrique es pretende la incorporación de representante de la Sociedad Civil cuyo texto es el siguiente:

“La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados está integrada por los siguientes miembros: a) Un diputado por cada grupo parlamentario;  b) Un profesor de derecho y/o ética, representante de la universidad pública, designado a propuesta de los organismos electorales; c) Un profesor de derecho y/o ética, representante de la universidad privada, designado a propuesta de los organismos electorales; d) Un representante del Colegio de Abogados de Lima; e) Un ciudadano de reconocida reputación y trayectoria a propuesta de los organismos electorales”.

La mesa directiva de la Comisión es elegida entre los miembros de la Cámara de Diputados. Los miembros externos de la Comisión son ratificados por el Pleno de la Cámara. La mesa directiva y los integrantes de la Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados tienen un mandato de dos años, excepto en el último periodo, que es de un año, y no pueden ser removidos, salvo por renuncia o expulsión del grupo parlamentario al que pertenecen. El presidente de la Comisión puede ser reelecto una sola vez. Los miembros de la Comisión pueden ser reelectos consecutivamente.

En la exposición de motivos del proyecto, señala que un informe preveía que para el 2023, casi dos años después de su instalación en julio 2021, el Congreso había acumulado 119 casos en la Comisión de Ética, de los cuales sólo 4 casos fueron aprobados con recomendación de sanción de suspensión de 120 días para congresistas; en el Pleno finalmente sólo se confirmaron dos sanciones. Para el 2024, otro reporte daba cuenta de que la Comisión de Ética había recibido alrededor de 150 denuncias desde el inicio del periodo, pero solo cuatro congresistas habían sido suspendidos, teniendo un elevadísimo numerado de casos sin sanción o recibiendo castigos menores, alimentando la percepción de blindaje corporativo.

Conforme se expone, hay un problema de origen en el diseño legal de las comisiones de ética parlamentaria. Ello lleva a la necesidad de reformular su composición puesto que un órgano exclusivamente compuesto por elementos parlamentarios no resulta idóneo.  Ello es así porque al ser sus integrantes congresistas que provienen de sus respectivos partidos políticos y que, por lo tanto, deben enfrentar constantemente un dilema entre el ejercicio de su función como miembro de dicha comisión y sus lealtades partidarias. Se configura entonces una situación que no contribuye para nada en promover la Ética Parlamentaria.

La incorporación de profesores especialistas en la formación jurídica y/o deontológica -sea desde el plano jurídica o de la formación ética- permite que el concurso de la academia fortalezca el análisis de las situaciones sometidas a consideración de esta instancia y permite una constante retroalimentación de sus integrantes, tomando en cuenta que son personas con trayectoria en la reflexión de aspectos jurídicos y de cuestiones de carácter deontológico que atañen a la filosofía moral o práctica.