El gobierno nacional mediante Decreto Supremo 013-2026-MINEDU, publicado en el diario oficial, declaró en situación de emergencia la infraestructura educativa pública a nivel nacional, con la finalidad de reducir las brechas mediante la ampliación y construcción de nuevos espacios educativos; fortalecer su planificación y gestión; asegurar su mantenimiento y sostenibilidad; y adoptar las acciones administrativas necesarias durante el proceso de reforma normativa.

El decreto encarga al Ministerio de Educación la elaboración de las normas necesarias para dar inicio al proceso de mejora de la infraestructura educativa nacional, así como la formulación de la propuesta normativa legal que crea el sistema funcional de infraestructura educativa de alcance nacional, y su ente rector adscrito al Ministerio de Educación.

El Ministerio de Educación tiene un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles para cumplir con el encargo establecido en el artículo 2, contados desde la publicación del presente Decreto Supremo.  La implementación de lo dispuesto en el presente Decreto Supremo se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

En los fundamentos del DS señala que mediante Oficio Nº 1603-2026-MINEDU/ VMGI-DIGEIE, la Dirección General de Infraestructura Educativa remite al Despacho Viceministerial de Gestión Institucional el proyecto el Decreto Supremo que declara en situación de emergencia la infraestructura educativa pública nacional, adjuntando para tal efecto el Informe Nº 00929-2026-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DIPLAN de la Dirección de Planificación de Inversiones, que advierte, entre otros, la existencia de una significativa brecha de infraestructura educativa, así como sobre las deficiencias estructurales de gobernanza que dificultan su cierre; asimismo,  remite el Informe Nº 000037-2026-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGM de la Unidad Gerencial de Mantenimiento del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, en el cual se informa sobre el estado y necesidades de mantenimiento de la infraestructura educativa pública, la capacidad de atención con los recursos disponibles, la sostenibilidad de las inversiones y las condiciones existentes para la gestión de información a nivel nacional.

La Ficha Ejecutiva de Transferencia Ministerial del sector Educación, de fecha 23 de julio de 2026, elaborada con ocasión del cambio de gestión, confirma la gravedad del problema descrito en el considerando precedente; así como, identifica deficiencias estructurales que requieren la adopción de acciones específicas como parte de una solución integral que permita mejorar la eficiencia y eficacia de las intervenciones y proyectos de infraestructura que se  ejecutan, bajo las distintas modalidades, en materia de educación.

Sobre la base de lo expuesto, resulta necesario declarar en situación de emergencia la infraestructura educativa pública, con la finalidad de reducir de manera acelerada las brechas de infraestructura educativa, fortalecer la planificación y gestión correspondiente, y asegurar el mantenimiento y la sostenibilidad de las inversiones, para lo cual resulta necesaria  diferenciar las funciones de rectoría, planificación y formulación de política pública, que corresponden al Ministerio de Educación, de las funciones de ejecución, supervisión técnica, fiscalización y asistencia especializada en materia de infraestructura educativa, conforme al principio de especialización administrativa reconocido en la Ley Nº 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

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