¿Cuál es la agenda legislativa y de fiscalización de los nuevos diputados por Arequipa 2026-2031?

Por mandato del pueblo arequipeño en las elecciones generales de abril del 2026, elegimos a los seis nuevos diputados de diversas organizaciones políticas para el próximo quinquenio. Los legisladores tienen tres obligaciones principales, de legislación, fiscalización y representación por mandato constitucional.
Hemos ingresado al mes de agosto y no hay visibilidad en los principales medios tradicionales y digitales respecto a las propuestas individuales ni colectivas de los nuevos diputados elegidos en dichas materias. En la campaña electoral cuando eran candidatos, la mayoría de ellos declaraba sobre proyectos de ley sin precisión, ni convicción, ni fundamentaban su necesidad y poco o nada abordaban el tema de fiscalización.
Era incomodo escucharlos cuando anunciaban proyectos como si ellos fueran a formar parte del Poder Ejecutivo, cuando sabemos que los congresistas no tienen iniciativa de gasto y constitucionalmente están prohibidos de generar egresos del tesoro público.
Ya con la medalla y credencial de diputados en ejercicio, no señalan ni precisan qué proyectos de ley pretenden derogar, modificar o crear. No informan si hay necesidad de reformar algún artículo o derogar algún principio constitucional de nuestra Carta Magna que tiene procedimientos especiales. Mucho menos, señalan cuales son los temas que han priorizado en fiscalización o control político.
En los últimos días he observado con sorpresa que una legisladora mistiana, ha anunciado que promoverá un proyecto de ley para que el pasaje universitario alcance a los estudiantes de postgrado, como si el Perú fuera un Estado europeo con las cuentas en azul. Parece que dicha legisladora no conoce las recomendaciones del Consejo Fiscal que en resumen señala que el Estado está sobre endeudado y no hay ingresos tributarios suficientes para atender las demandas de la población.
Tampoco ha precisado cuál sería la compensación o subvención que el Estado devolvería a los empresarios transportistas si estos aceptan el pasaje universitario a estudiantes de postgrado, amen que los congresistas están impedidos de generar egresos económicos como señala la Constitución y lo acaba de sentenciar el Tribunal Constitucional. Pareciera que algunos legisladores no tienen asesores que los orienten bien que pueden y no pueden hacer, al cual se suma que algunos medios y periodistas no leen ni refutan con argumentos a los nuevos padres y madres de la patria que siguen prometiendo cosas irresponsablemente.
Pero, más allá del aporte individual de cada uno de ellos en las materias que hemos enumerado, preocupa que no se hayan presentado en sociedad como representantes de Arequipa en un acto público. Hace un mes las Universidades de Arequipa efectuaron lo que denominaron un Encuentro para que los seis legisladores expongan sus propuestas y escuchen el informe técnico de las casas superiores de estudios de las demandas de los mistianos.
Sin embargo, solo se presentaron tres legisladores y los otros tres en forma irresponsable, no justificaron su inasistencia ni solicitaron disculpas públicas, lo que consideramos irrespetuoso ya que se deben al soberano que los eligió para representarnos y no esconderse ni ocultarse cuando asumieron un deber público ante la sociedad mistiana.
Como ciudadano, observo la carencia de liderazgo y consenso en Arequipa y las autoridades trabajan aisladamente como compartimiento estanco y no hay unidad, liderazgo, ni visión de Estado Regional. La ex consejera y hoy diputada, Marleny Arminta propuso y se aprobó el acuerdo regional el año 2024 por el cual cada fin de mes cuando llegaba la semana de representación de los congresistas, los consejeros regionales debían reunirse con los seis congresistas para tratar de solucionar los problemas regionales.
Ese acuerdo es hoy un saludo a la bandera, ya que la consejera Arminta, ni el Consejo Regional han hecho respetar esa norma regional. Desde el mes de abril del 2024 no se ha producido entre consejeros regionales ni los congresistas por Arequipa una sesión de coordinación, luego que Edwin Martínez, saliera de una reunión del legislativo regional y se enfrentó a un ciudadano a pugilato limpio.
Ese acuerdo regional se respeta o se deroga definitivamente, y la responsabilidad es del legislativo regional que mes tras mes aprueba decenas de acuerdos como si fueran casinos de naipes, pero no les hace un seguimiento si se cumplen o no dichas normas regionales.
Los diputados elegidos saben que el Congreso Nacional es la institución pública que tiene la peor imagen ante la opinión pública y son ellos los más indicados para reestablecer la confianza y credibilidad de dicho poder público ante el soberano para recoger sus iniciativas, pero tambien escuchar sus críticas en audiencias públicas. Y eso supone acercarse al pueblo y no ponerse en una torre para observarlos y ningunearlos.
En el campo de la fiscalización hay que mucho por investigar en Arequipa. El gobierno de la corrupción en la década del noventa, concesionó en Arequipa el aeropuerto local, el servicio de los ferrocarriles, el terminal portuario de Matarani, los peajes, e incluso concesiones de nuestros recursos naturales, entre ellos de la minería y otros servicios.
Dichas concesiones estatales a precio de regalo por el gobernante corrupto, fueron por veinte, veinticinco y treinta años, donde los empresarios privados nacionales y extranjeros se comprometieron a múltiples inversiones. Sin embargo, a la luz de los hechos los organismos reguladores estatales, no han fiscalizado ni han comprobado si las inversiones comprometidas se han concretado y han mejorado dichos servicios. Los legisladores no han fiscalizado dichos servicios e inversiones privadas y esa es su obligación hoy en representación del soberano.
El caso del puerto de Matarani es un tema que merece una comisión investigadora y esperamos que uno de los seis diputados se interese por ese asunto, ya que se amplió la concesión antes que venza el plazo y es un tema latente que merece aclararse ya que es un recurso natural que nuestros legisladores deben cautelar.
Los nuevos diputados tampoco pueden ignorar la fiscalización a los grandes proyectos públicos como Majes II, el Rio Arma, los hospitales inconclusos, la ampliación del penal de Siglo XX, el convenio entre SEDAPAR y Cerro Verde y otros que merecen prioridad en la agenda de fiscalización parlamentaria.
En resumen, los seis diputados elegidos tienen la obligación en el mes de agosto, de consensuar entre ellos más allá de sus diferencias ideológicas o políticas, y hacer de conocimiento público, cuál es la agenda legislativa y de fiscalización que han priorizado para Arequipa y sus demandas. No pueden esconderse ni esconder la cabeza como el “avestruz” como hasta hoy se percibe. Esperemos que se presenten en sociedad ante la prensa o en una audiencia pública y expongan sus propuestas legales y de control político.
Los seis candidatos y hoy diputados elegidos, no fueron conminados, ni presionados ni chantajeados para asumir la función pública y voluntariamente se presentaron ante el electorado mistiano para asumir nuestra representación en el parlamento. Es hora que más allá de sus derechos que la Constitución y su Reglamento Interno les reconoce, cumplan el deber cívico, político y moral de rendir cuentas a Arequipa, precisando cual es la agenda legislativa y de fiscalización que han consensuado en las últimas semanas y no improvisen.
En lo personal, no guardo mucha expectativa de ellos, ya que la mayoría son novatos, tienen poca experiencia en gestión pública y tal vez sean devorados por sus asesores, pero puedo estar equivocado y nos sorprendan más adelante con proyectos que prioricen el interés nacional y regional, y no sus intereses personales, ni económicos, ni ideológicos.
Desde esta tribuna digital haremos un seguimiento riguroso a cada uno de ellos, ya que el control social es indispensable en un Estado Constitucional de Derecho. Resaltaremos lo positivo, expondremos lo negativo, pero tambien sugeriremos algunas iniciativas para perfeccionar nuestra Carta Magna y el ordenamiento jurídico vigente en el país.
Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado




