La judicatura es un contrapeso indispensable dentro del Estado, pero no para enfrentar a nadie, sino para asegurar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales, y ese contrapeso democrático no compite con los demás poderes: los complementa, ninguna institución por sí sola puede cerrar las brechas sociales que aún existen, nuestra fortaleza proviene del equilibrio y del trabajo articulado entre el Ejecutivo, el Legislativo, los organismos autónomos, y los gobiernos regionales y locales.

Así se expresó en su discurso de orden la presidenta del Poder Judicial, Dra. Janet Tello en el Día del Juez, donde participó la presidenta Fujimori, remarcando que la judicatura peruana está dispuesta hoy a continuar y fortalecer el trabajo conjunto, siempre desde el respeto mutuo a las competencias que la Constitución ha confiado a cada institución.

Destacó el compromiso de la presidenta Fujimori Higuchi durante su juramentación al cargo cuando afirmó que respetará la independencia y la separación de los poderes del Estado, y la democracia. Sin embargo, señaló que le preocupa que su juramento solemne, es decir, su palabra, contrasta frontalmente con voces recientes que desde el ataque y la diatriba hacia la judicatura han alentado peligrosas formas de intervención al Poder Judicial, las cuales, son inadmisibles en un estado democrático.

Añadió que un juez y una jueza son independientes cuando pueden resolver los procesos libres de presiones políticas o de cualquier otra índole, porque una vez que se pierde esa independencia, la judicatura queda subordinada al poder político.

La titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, ratificó la defensa de la independencia de este poder del Estado, ante la presencia de las principales autoridades de los poderes del Estado, entre ellas, la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, señalando que la independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino, una garantía para la sociedad, porque sin ella se elimina la posibilidad de los ciudadanos de recurrir a un juez imparcial para proteger sus derechos.

No obstante, expresó que la firme defensa de la independencia judicial no es incompatible con mantener una relación de colaboración permanente con los otros poderes del Estado y las demás instituciones del país y reconoció esa colaboración es posible, necesaria y así ha sido desde el inicio de su gestión, por ejemplo, con el Congreso de la República, lo que permitió la aprobación de iniciativas como el Sistema Nacional de Flagrancia y el marco jurídico para implementar la Justicia Itinerante, y otras”.

Destacó que el Parlamento, como acto de justicia en favor de los trabajadores judiciales ha aprobado leyes que les reconocen derechos por largo tiempo reclamados cuya implementación aún está en marcha.

En su discurso refirió que una parte fundamental de esa independencia del juez es su derecho a la permanencia en el cargo, salvo que un debido proceso demuestre la comisión de faltas previamente tipificadas en la ley, pero en los últimos meses ha visto con preocupación cómo se han presentado investigaciones contra jueces y juezas que ejercieron el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad.

Recordó que el control difuso no es una invención de los jueces, sino que está reconocido expresamente en el artículo 138 de la Constitución, y que el control de convencionalidad es una obligación que el Perú asumió al formar parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Reiteró que cualquier persona o institución tiene derecho a criticar e impugnar una resolución judicial, pero discrepar con una sentencia no puede ser justificación para despojar del cargo a quien la emitió, pues es un derecho fundamental del juez y de la jueza ser independiente y no ser destituido por su criterio jurisdiccional.

Señaló que las decisiones de los jueces siempre soportarán objeciones, porque en una democracia, el desacuerdo con una sentencia es parte del camino institucional, pero la dificultad aparece cuando la disconformidad de quienes perdieron un proceso se transforma en campañas de desprestigio.

Puntualizó que los ataques revisten mayor gravedad cuando provienen no del ciudadano particular, sino, de actores políticos disconformes con determinadas decisiones judiciales, más aún cuando son sujetos con interés en el resultado de algún proceso y esas arremetidas constituyen formas de actuación no democráticas, de irrespeto a la judicatura y de menoscabo a la autoridad de los jueces.

La presidente del Poder Judicial, rechazó que haya un ataque inaceptable y se persiga políticamente a las fuerzas armadas y policiales lo que es falso, ya que valoran la inconmensurable tarea del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional a la construcción de la peruanidad y de la paz en nuestro país.

Sin embargo, sostuvo que cuando en casos específicos suceden situaciones contrarias al Derecho que denigran el uniforme de nuestros héroes, la justicia no puede dejar de actuar, y esto no es persecución política, sino buscar la verdad.

FOTO PODER JUDICIAL