La Presidenta del Poder Judicial, Dra. Janet Tello Gilardi, rechazó de manera enfática afirmaciones sobre un supuesto sometimiento o alineamiento a intereses o influencias ajenas a la judicatura y sostuvo que la independencia judicial es una condición indispensable para la vigencia de un Estado constitucional y la protección de los derechos fundamentales.

Recordó que, de forma constante, pública y sin ambages, ha sostenido que la impartición de justicia no se somete a intereses políticos, partidarios, económicos ni de cualquier otra naturaleza que impidan cumplir esta función con objetividad, imparcialidad y absoluto respeto a la Constitución, las leyes y las obligaciones internacionales.

Señaló que este compromiso se ha materializado en posiciones y actuaciones firmes ante proyectos de ley y reformas legales cuyo contenido afectaba o amenazaba la independencia judicial.

Asimismo, se ha concretado en requerimientos de acompañamiento a organismos internacionales especializados como la Comisión de Venecia o la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la independencia para magistrados y abogados, logrando opiniones técnicas que fortalecen la autonomía y la integridad de la judicatura.

Tello Gilardi reafirmó el respaldo institucional a las juezas y jueces que soportan amenazas, injerencia y agravios que buscan debilitar la independencia de la institución judicial y alertó a la ciudadanía sobre el riesgo de aprobación de proyectos de ley con tintes claramente punitivos dirigidos a doblegar la libertad de los jueces al momento de adoptar sus decisiones.

La autoridad judicial exhortó al pleno del Congreso de la República a rechazar las propuestas contenidas en el texto sustitutorio del proyecto de ley que modifica la Ley N.° 29277, Ley de la Carrera Judicial, y el Código Penal, entre las cuales, plantea agravar el delito de prevaricato, ya que sin jueces independientes e imparciales no existe verdadera justicia ni democracia sólida.

Tello Gilardi recordó que nadie puede ni debe interferir con los procesos jurisdiccionales en trámite siempre orientados a salvaguardar los derechos de defensa de las partes procesales.

Expresó que ello exige la abstención de cualquier expresión que pueda interpretarse como una injerencia en casos concretos, puesto que lo contrario, resultaría contraproducente con la legitimidad y la eficacia de las garantías constitucionales que asisten a cada juez y jueza en la defensa de sus propios derechos.