La ministra de Educación, Maria Cuadros Espinoza, mediante Resolución Ministerial 332-2026-MINEDU, publicado en el diario oficial, designó a once profesionales como miembros del Consejo Nacional de Educación para el periodo 2026-2029.

Ellos son, Lida Asensios Trujillo, Angela Bravo Chacón, Mariela Eyzaguirre Retamozo, Mileydi Flores Fernandez, Ada Gallegos Ruiz Cornejo, José Naranjo Correa, Licia Piñas Rivera, Miriam Ponce Vertiz, Luciana Puente Berry, José Ramos Lalupu, Grecia Rojas Ortiz y Guido Rospigliosi Galindo.

La Resolución Ministerial señala que el artículo 81 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, establece que el Consejo Nacional de Educación es un órgano especializado, consultivo y autónomo del Ministerio de Educación que tiene como finalidad participar en la formulación, concertación, seguimiento y evaluación del Proyecto Educativo Nacional, las políticas y planes educativos de mediano y largo plazo y las políticas intersectoriales que contribuyen al desarrollo de la educación.

Promueve acuerdos y compromisos a favor del desarrollo educativo del país a través del ejercicio participativo del Estado y la sociedad civil; asimismo, opina de oficio en asuntos concernientes al conjunto de la educación peruana y está integrado por personalidades especializadas y representativas de la vida nacional, seleccionadas con criterios de pluralidad e interdisciplinariedad;

El artículo 155 del Reglamento de la Ley General de Educación, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2012-ED, establece que el Consejo Nacional de Educación está integrado por los consejeros, quienes en conjunto conforman un organismo colegiado plural y multidisciplinario;

Asimismo, el artículo 6 del Decreto Supremo N° 007-2002-ED, modificado por los Decretos Supremos N° 010-2002-ED y N° 002-2023-MINEDU, establece que el Consejo Nacional de Educación estará conformado por doce (12) integrantes y que deberá tener carácter plural y multidisciplinario; Asimismo, indica que sus miembros gozan de autonomía, siendo designados por un periodo de tres años mediante Resolución Ministerial.