En sesión ordinaria de la Comisión Anticorrupción de Arequipa que presidió el juez Roger Pari que se desarrolló el miércoles 27 de mayo, se adoptaron varios acuerdos. Entre ellos, solicitar al gobernador regional, Rohel Sánchez, informacion documentada sobre la actual situación y administración del Campo Ferial de Cerro July y quienes son los responsables actuales de su conducción.

La petición se dio luego que el consejero, César Huamantuma, informó a los miembros de la Comisión Anticorrupción de Arequipa, que la comisión investigadora que presidió, detectó que en el año 2025 se efectuaron múltiples eventos artísticos en Cerro July que no le reportaron ingresos económicos al gobierno regional y que el gobierno regional no cautelo en resguardar dicho patrimonio que le fue transferido por el MIDAGRI, excusándose que previamente se habría suscrito un convenio anterior entre la CCIA y el MIDAGRI. El caso fue denunciado ante el Ministerio Público quienes deberán definir a los funcionarios regionales y sus responsabilidades civiles y penales por no defender los ingresos económicos del GRA.

Se acordó, asimismo, que el gobernador regional informe documentadamente cuales son los resultados del Comité Civico Regional Anticorrupción que creó el gobernador Rohel Sánchez, quienes integran dicho comité cívico y cuál es el presupuesto asignado en los últimos años, ya que la percepción pública no conoce sobre el trabajo desarrollado en los últimos años.

Tambien se acordó solicitar información documentada al gobierno regional sobre el trabajo desarrollado por el Concejo de Coordinación Regional y la nueva reglamentación que regula la participación de las organizaciones sociales, donde habría irregularidades, en vista que hay colectivos sociales que participan paralelamente en municipalidades y gobierno regional lo que es ilegal.

Previamente el Coronel de la PN que representa a la Policia Anticorrupción de Arequipa, informó que hay 300 casos de corrupción del sector público de Arequipa, sin embargo, tienen carencia de personal, equipamiento y movilidad para desempeñar en forma eficiente las investigaciones para derivar sus informes al Ministerio Público.

En este tema, el acuerdo fue solicitar al Ministerio Público y Policia Nacional, que faciliten a la Comisión Regional Anticorrupción los manuales de función, la asignación de personal y los protocolos de actuación de dichas entidades estatales para analizar si están cumpliendo o no sus obligaciones legales y funcionales para combatir la corrupción en Arequipa.

Comentario del tema

Es por mandato de la ordenanza regional 492 de Arequipa y la Ley 29976 que aprobó el Congreso Nacional quien creó la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción en el país, que la conformación de la Comisión Regional Anticorrupción de Arequipa, está integrado por siete miembros plenos. El gobernador regional, el presidente de la Corte Superior, el presidente del Consejo Regional, el Procurador Público Anticorrupción Descentralizado, el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, el alcalde de la Municipalidad de Arequipa y el Prefecto Regional.

Por los representantes de la Sociedad Civil, están doce representantes como miembros observadores. Entre ellos, El gerente general regional de la Contraloría, el Jefe de la Oficina Defensorial, el Jefe de la Región Policial, el presidente del CONREDE, el representante de OSDE, el representante de las universidades de Arequipa, el presidente de la Cámara Pyme de Arequipa, representante de las Centrales Sindicales de Arequipa, representantes de las Iglesias de Arequipa, representante de la prensa peruana de Arequipa, la coordinadora de la Mesa de Lucha contra la Pobreza, la representante de la Defensa Pública de Arequipa del MINJUS.

Por tanto, las autoridades de las entidades estatales mencionadas, tienen la obligación legal de asistir a las sesiones ordinarias de la Comisión Regional Anticorrupción de Arequipa. A excepción de la presidenta del Consejo Regional, las demás autoridades no están asistiendo a las reuniones y algunos de ellos envían a sus representantes que no pueden votar, ya que la obligación es de los titulares. Lo grave es que tampoco asiste el Contralor Regional que debería pregonar con el ejemplo. Cualquier ciudadano podría presentar ante el juez una demanda de cumplimiento e incluso una denuncia penal contras las autoridades reguladas en dicha ley por omisión de deberes funcionales que sanciona el Código Penal y no asistir a dichas sesiones que por mandato legal están obligados, pero no están cumpliendo. ¿Con que autoridad moral dichas autoridades pueden exigir a los ciudadanos el cumplimiento de la ley si ellos no dan el ejemplo?

Respecto a la sociedad civil, los que asisten regularmente son la presidenta de la Cámara Pyme de Arequipa y la coordinadora de la Mesa de Lucha contra la Pobreza, pero no estarían asistiendo los representantes de las Centrales Sindicales de Arequipa, representantes de las Iglesias de Arequipa, representante de la prensa peruana de Arequipa y la representante de la Defensa Pública de Arequipa del MINJUS, lo que tambien es un desacato a la ley y una irresponsabilidad institucional de dichos organismos en la Comisión Regional Anticorrupción de Arequipa.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado