El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó la Ley 32581 que se publicó en el diario oficial que tiene por objeto disponer el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial, mediante el otorgamiento de una pensión equivalente a la remuneración íntegra mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial.

La finalidad de la ley es garantizar que los maestros jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial obtengan una pensión adecuada que cubra sus necesidades básicas y les permita mantener un nivel de vida decente.

La norma publicada establece una pensión para los maestros jubilados y cesantes de la educación básica regular, la educación básica alternativa, la educación básica especial y la educación técnico-productiva, comprendidos en los decretos ley 19990 y 20530, y en la Ley 29944, así como para los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP). Dichas pensiones serán equivalentes al monto de la remuneración íntegra mensual (RIM) correspondiente a la primera escala magisterial y serán establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Educación.

En la disposición complementaria final única, señala que el Poder Ejecutivo aprueba el reglamento de la presente ley en un plazo de noventa días calendario contados a partir de su entrada en vigor.

Comentario del tema

Por mandato constitucional el Congreso no tiene iniciativa de gasto, sin embargo, como lo otorongos estaban en campaña electoral, violaron la Carta Magna y aprobaron la cuestionada Ley que acaba de promulgarse en el diario oficial, por lo que dicha normal tiene indicios de inconstitucionalidad.

No solo porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto presupuestal, sino que también viola el principio constitucional de igualdad en vista que asigna solo a los maestros jubilados pensiones actualizadas a las remuneraciones lo que es discriminatorio hacia otros profesionales del sector público que laboraron para el aparato estatal.

Por tanto, es posible que se presente una acción de inconstitucionalidad contra esta ley promulgada. Asimismo, el Consejo Fiscal, técnicamente ha cuestionado la ley aprobada por el Congreso Nacional en su comunicado oficial del mes de marzo del 2026.

Concretamente el Consejo Fiscal, señaló que, “Entre las medidas aprobadas con mayor costo fiscal destacan: (i) nivelar las pensiones de los maestros jubilados y cesantes a la remuneración de los maestros en actividad de la primera escala de la carrera pública magisterial (actualmente S/ 3 500 por mes), la cual tendría un costo fiscal anual estimado de por lo menos S/ 8 mil millones (aprobada por insistencia)”.

En resumen, tenemos un Congreso populista que ha legislado no en función de los intereses nacionales, sino políticos específicos, especialmente del magisterio, ya que en el parlamento nacional tuvieron una bancada parlamentaria que promovió varias normas legales para ese sector, marginando a otros sectores que laboran para el Estado.

Veremos si esta ley inconstitucional llega al Tribunal Constitucional en las próximas semanas. No estoy en contra de mejoras al magisterio, pero no puede haber privilegios en contra de otros pensionistas estatales.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado