A pocos días de las Elecciones Generales 2026, la Defensoría del Pueblo, demandó a las instituciones del sistema electoral, así como las autoridades y organizaciones civiles encargadas de fiscalizar el desarrollo de los comicios, se mantengan vigilantes respecto de las medidas de adaptabilidad que deben implementarse para asegurar el derecho al voto en igualdad de condiciones de más de dos millones 700 mil electores con discapacidad que deberán sufragar el 12 de abril próximo.

La Defensoría afirma que, de acuerdo al último censo poblacional de 2025, el Perú registra más de un millón 286 mil habitantes con algún tipo de discapacidad con edades mayores a 60 años, mientras que la población con discapacidad entre 45 y 59 años es superior a 703 mil habitantes. Por su parte, el grupo de los adultos jóvenes es de más de 411 mil personas, mientras que los jóvenes entre 18 y 29 años con discapacidad son de 343 549 ciudadanos.

Frente a esta realidad, la Defensoría del Pueblo recuerda que debe garantizarse el derecho al voto de este importante sector de la población, especialmente en aspectos como la accesibilidad en los locales de votación. Aspectos como la implementación de dichos locales en ambientes cuya infraestructura no es apta para personas con discapacidad al contar, por ejemplo, únicamente con escaleras, es un factor que debe tenerse en cuenta.

A ello se suma la necesidad de que las rampas sean adecuadas y permitan un correcto desplazamiento o que se disponga una señalización eficiente y la implementación de mesas de sufragio para personas con discapacidad en los primeros pisos de los locales de votación. El derecho a la información electoral también es un aspecto de suma importancia e incluye la difusión de materiales, tanto escritos como audiovisuales, adaptados a las necesidades de cada discapacidad.

Además, debe agregarse la necesidad de eliminar las barreras de comprensión, lo que debe incluir la difusión de simulaciones de sufragio para cada tipo de discapacidad con el fin de garantizar un voto correcto. Asimismo, la implementación de ajustes razonables en casos individuales o concretos, los mismos que pueden incluir la posibilidad de facilitar el voto asistido cuando la persona lo solicite o de brindar mayor tiempo para emitir el voto, permitir el apoyo de una segunda persona en el traslado dentro del local de votación y la adaptación de la mesa de votación a la necesidad del elector con discapacidad.

A fin de supervisar la implementación de estas medidas, la Defensoría de Pueblo desplegará a su personal y a una red de voluntarios, tanto supervisores como de promoción de derechos, durante las elecciones del próximo 12 de abril. Sin embargo, quienes consideren que sus derechos no son respetados, podrán comunicarse a través de la línea gratuita 0800-15-170.

 Foto ATV