El Plan de Gobierno del partido político País para todos tiene 81 páginas y tiene como candidato presidencial al humorista Carlos Alvarez. En la visión del plan de gobierno, afirma que al 2031, el Perú será un país donde las familias vivamos con tranquilidad y sin miedo; donde los peruanos –en especial los más jóvenes– tengan ilusión y oportunidades. Donde el Estado recupere autoridad y capacidad para enfrentar extorsión, crimen organizado y corrupción; y donde el crecimiento se sienta en el bolsillo de la gente y no en los discursos. Con empleo de verdad, servicios que funcionan y oportunidades en todo el territorio. Seguridad, economía, honestidad y justicia son las cuatro bases para que el Perú vuelva a vivir con tranquilidad y futuro.

Las principales propuestas consideradas en el Plan de Gobierno 2026-2031 son las siguientes: 

En la dimensión social en el sector salud, cero tolerancias a la anemia. Reducir radicalmente la anemia infantil y la inseguridad alimentaria, implementar un Catastro único y actualizado permanentemente, con focalización híbrida basada en ingresos, pobreza multidimensional y vulnerabilidad. Fortalecer los programas sociales y ampliar JUNTOS, implementar las transferencias en alta y baja secundaria, y ampliar la cobertura y la pensión de Pensión 65. Garantizar igualdad de derechos y protección efectiva para mujeres y poblaciones vulnerables.  Incluir a las personas con discapacidad y en situación de dependencia mediante la creación de RedCuida, la accesibilidad en la transformación digital del Estado y el desarrollo de red de empleo.

En la dimensión institucional, Reducir la violencia homicida a nivel nacional mediante intervenciones focalizadas en territorios de mayor incidencia, Debilitar la extorsión y el control territorial de bandas y organizaciones criminales mediante acciones focalizadas de prevención. Fortalecer la capacidad del Estado, especialmente del sistema de justicia, para identificar y desarticular organizaciones criminales nacionales y extranjeras mediante investigaciones complejas orientadas a estructuras, roles y redes, y una coordinación interinstitucional sostenida entre la Policía, el Ministerio Público.

Reducir la capacidad financiera del crimen organizado mediante el fortalecimiento de la investigación penal de los flujos financieros ilícitos, otorgando a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) capacidades de investigación penal en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Implementar una reforma institucional efectiva de la Policía Nacional del Perú, basada en un rediseño organizacional, fortalecimiento de la carrera policial, especialización de funciones y mejora de la gestión del personal, con plazos definidos y mecanismos de seguimiento. Neutralizar el mando criminal desde cárceles separando a los líderes en regímenes especiales Neutralizar la capacidad de mando y control de los líderes criminales mediante la implementación de regímenes especiales de máxima seguridad.

Reforma real del sistema penitenciario sobre la base de un rediseño institucional con sustento normativo, operativo y presupuestal, que defina claramente funciones, estructura, carrera del personal penitenciario y mecanismos de control, garantizando capacidades reales de control, clasificación de internos y resocialización. Acelerar la justicia, con el cumplimiento de los plazos en las diversas etapas procesales con gestión, tecnología, e inteligencia artificial, Conversión de órganos fiscales y jurisdiccionales transitorios en permanentes. Creación de órganos jurisdiccionales y fiscales que sean necesarios para brindar justicia confiable, oportuna y sin pausa. Tolerancia cero a la corrupción y un Estado que responde: integridad, digitalización de trámites clave, transparencia radical y destrabe de inversión con control y rendición de cuentas.

En la dimensión económica, Blindar la estabilidad macroeconómica y recuperar el espacio fiscal con reglas claras, instituciones fuertes y mejor recaudación; Resguardar autonomía del BCRP con la designación de autoridades técnicas e independientes que conduzcan la política monetaria de manera prudente y responsable, preservando la estabilidad de precios y el control de la inflación. Cerrar la puerta al gasto sin financiamiento y eliminar la iniciativa de gasto del Congreso. Reforma tributaria progresiva. Revisión Integral de Gastos Tributarios y eliminación de exoneraciones ineficientes. Régimen MYPE único, simple y sin «saltos» – Empresas públicas como Petroperú con disciplina fiscal. Ventanilla única territorial para permisos y promoción de inversiones, articulada con ProInversión y gobiernos regionales. – Estado procompetencia, intervenciones regulatorias y de supervisión para abrir mercados, bajar barreras de entrada y reducir concentración. Aumentar exportaciones e inversión con más valor agregado y menos costo logístico, integrando MYPE y regiones a cadenas globales de valor. Interoperabilidad obligatoria: RENIEC, SUNAT, MTPE, ESSALUD, SBS y Poder Judicial comparten datos con estándares comunes y seguridad.

Bajar el costo del crédito y ampliar el financiamiento productivo para hogares y MYPE. Programa ¨Pensión 65¨ financiada por el Estado para adultos mayores sin pensión, administrada operativamente por la ONP. Se garantiza piso mínimo de protección en vejez, independiente de historia laboral. Agroexportación con transformación con más valor agregado, certificaciones y tecnología; pequeños productores conectados a cadenas. Garantizar agua segura y saneamiento sostenible y mejorar continuidad y calidad. Recuperar el control en la Amazonía y fortalecer resiliencia climática: combatir economías ilegales, reducir deforestación y proteger vidas e infraestructura ante desastres. Modernizar el sistema de descentralización, Reformar la distribución del canon, haciéndola más equitativa y con un fondo de estabilización para reducir volatilidad y desigualdades territoriales, Reformular el FONCOMUN, redistribuyendo recursos según brechas, necesidades de gasto y capacidad de recaudación local.

País para todos, se compromete a dar un Informe presidencial de cumplimiento y ejecución en regiones, bimestral. Con acciones por eje de gobierno, datos abiertos, y mecanismos de participación ciudadana para priorización y seguimiento. Una Evaluación independiente anual (academia/centros de investigación) y publicación de recomendaciones. Asimismo, un Acuerdo con la sociedad civil, para la mejora continua, sin corrupción, con transparencia y crítica constructiva y convocar a las universidades y expertos independientes para que los evalúen.