El alcalde Rivera y la gerente de transportes de la MPA, cometieron delitos de usurpación de funciones y colusión agravada, al ordenar el reajuste de tarifas a un sol con treinta centavos a favor de los transportistas, ya que el contrato de concesión prohíbe incremento de tarifas mientras los operadores no renueven su flota de transportes y  tienen buses viejos que superaron su vida útil y no han efectuado inversiones que justifique “equilibrio económico financiero que el burgomaestre y sus gerentes intentan justificar ante la población.

Así se pronunció la Coordinadora Político Social de Arequipa que preside Juan Gonzales, en un comunicado, donde rechazan el comunicado emitido por la MPA que consideran ilegal e injusto el aumento de pasajes en contra de la población lo que constituye una agresión directa contra la frágil economía de miles de familias y es un golpe directo y criminal contra la población sumida en una profunda crisis económica.

El comunicado denuncia que el alcalde y gerenta de transportes, han cometido delitos contra el Estado y la sociedad, ya que el contrato de concesión prohíbe de manera rotunda el incremento de tarifas mientras los operadores no renueven sus unidades ya que hoy siguen prestando servicios con vehículos viejos que superaron su vida útil.

Sostienen que el acta fraudulenta firmada entre la MPA y las empresas de transportes, es un fraude y transgresión a la ley ya que ilegalmente modifican reglas de la concesión mediante una oscura “acta de trato directo”. Agregan que la legislación vigente que rigen las asociaciones público privadas, exige que cualquier alteración se realice mediante una adenda formal que permitiría evaluar una posible suba del pasaje la que requiere de estudios técnicos rigurosos contratados por concurso y no a dedo que demuestren la real capacidad de pago del usuario.

Pero, también señalan que es necesaria la opinión previa favorable y vinculante del Concejo Provincial de Arequipa, del Ministerio de Economía y de la Contraloría, por lo que al saltarse dolosamente estos controles legales estatales para favorecer a empresarios incumplidos, los funcionarios municipales están perpetrando los delitos de usurpación de funciones y colusión agravada que sanciona el Código Penal. La Coordinadora, remarca que la gerenta de transportes usurpa funciones, ya que dicha gerencia tiene única y exclusivamente labores de supervisión y fiscalización del servicio de transportes.

Dicha funcionaria no posee la facultad legal ni técnica para determinar, negociar o aprobar reajustes de tarifas, por lo que al haber suscrito el acuerdo con los transportistas ha pisoteado la legalidad y usurpado descaradamente las competencias exclusivas de SITRANSPORTE, que es el único órgano descentralizado facultado para emitir resoluciones económicas por lo que su intromisión delictiva anula cualquier validez del incremento tarifario que evidencia la podredumbre de la gestión municipal.

El comunicado califica de vergonzosa la actitud del alcalde Rivera por su incapacidad, ya que no ha exigido que se renueve la flota de buses a los concesionarios del SIT como ordena los contratos suscritos, pero si se ha preocupado y atiende de rodillas las exigencias de los transportistas aumentando las tarifas, convirtiendo a la MPA como mesa de parte de los intereses de los transportistas.

Convocan finalmente a una movilización general, activa y contundente de los gremios y sociedad civil y no permitir que la inoperancia municipal siga pisoteando la dignidad de los ciudadanos de Arequipa. Exigen la nulidad del aumento de tarifas, intervención del Ministerio Público y la Contraloría para investigar, procesar y encarcelar a las autoridades municipales por el saqueo a la economía popular.