La congresista Katy Ugarte presentó el proyecto de ley que tiene por objeto fortalecer las competencias regulatorias, supervisoras y fiscalizadoras de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, a fin de garantizar la prestación eficiente, continua, sostenible y de calidad de los servicios de saneamiento en todo el territorio nacional, promoviendo la protección de los usuarios, la sostenibilidad económica del servicio y la mejora permanente de la gestión de las entidades prestadoras.

Las disposiciones de la presente ley son aplicables a las entidades prestadoras de servicios de saneamiento bajo el ámbito de competencia de SUNASS, incluyendo empresas municipales de agua potable y alcantarillado, unidades de gestión municipal y operadores autorizados conforme al marco normativo vigente.

El proyecto pretende reforzar que la SUNASS supervisa y fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones técnicas, económicas, financieras y comerciales de las entidades prestadoras, pudiendo requerir información técnica y financiera en plazos perentorios, realizar acciones de supervisión presenciales o remotas, ordenar medidas correctivas para la continuidad del servicio y la protección del usuario y publicar reportes de desempeño de las entidades prestadoras.

Asimismo, faculta a la SUNASS sancionar las infracciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa aplicable, conforme a los principios de razonabilidad, proporcionalidad y debido procedimiento administrativo. Las sanciones comprenden amonestaciones, multas, medidas correctivas y otras previstas en la regulación sectorial.

En la exposición de motivos del proyecto de ley de Ugarte, indica que el marco regulatorio vigente del sector saneamiento presenta limitaciones estructurales que impiden la plena eficacia de la rectoría regulatoria a cargo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento.

Estas limitaciones se manifiestan en la brecha existente entre las exigencias técnicas y jurídicas del servicio público esencial y las capacidades normativas, supervisoras y fiscalizadoras actualmente reconocidas al organismo regulador. Como consecuencia, no se alcanza un nivel de desempeño adecuado por parte de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento, las cuales enfrentan déficits en gestión operativa, eficiencia financiera, continuidad del servicio, calidad del agua, reducción de pérdidas, transparencia en la información y sostenibilidad del sistema en su conjunto.

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