El congresista Jaime Quito, anunció que en las próximas horas presentará una moción para que se conforme una comisión investigadora sobre la ampliación de la concesión por 30 años más a favor de TISUR que ha suscrito el gobierno de Jerí y la ministra de Transportes, calificando de entreguista de los recursos naturales del Estado cuyo proceso no se ha transparentado ante la opinión pública.

Quito, puntualizó que no había ningún apuro para ampliar la concesión ya que el contrato con TISUR recién vencía el año 2029, sin embargo, en forma misteriosa el gobierno de Boluarte en octubre mediante decreto supremo le amplío la concesión sin ninguna fundamentación por 30 años más sin explicarle al país cuales son las razones de esta ampliación y por eso el congresista Martínez ha presentado una denuncia constitucional contra Boluarte y ex ministros.

El congresista izquierdista expresó que el gobierno de Jerí debió revisar dicho decreto supremo, sin embargo, ratificó la adenda cinco y le han ampliado a TISUR la concesión por 30 años sin que se haya revisado si cumplió o no los compromisos de inversión dicha empresa en los últimos 25 años y si pago o no todos los impuestos al tesoro público.

Quito, remarcó que, al conformarse una comisión investigadora en el Congreso, se solicitará información y documentación a las entidades publicas que avalaron la ampliación de la adenda para determinar las responsabilidades civiles, penales y administrativas de los funcionarios del MTC y PROINVERSIONES que convalidaron que se les amplié la concesión por 30 años, ya que dicho proceso no tuvo transparencia.

El parlamentario espera que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evalué con seriedad la acusación constitucional que presentó el congresista Edwin Martínez contra la ex presidenta Boluarte y ex ministros que emitieron decreto supremo avalando la ampliación de la adenda cinco en el mes de octubre del 2025.

La acusación constitucional de Martínez

El 30 de octubre el congresista de la república Edwin Martínez Talavera, presentó una denuncia constitucional ante la subcomisión de acusaciones constitucionales del congreso de la república, por Infracción de los artículos 58, 61 y 76 de la Constitución y por la presunta comisión de los delitos de Colusión, Negociación Incompatible y aprovechamiento del Cargo tipificado en los artículos 384 y 399 del Código Penal contra la expresidenta Boluarte y ex ministros.

Los acusados son, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, en su condición de Ex Presidenta de la República, César Carlos Sandoval Pozo, en su condición de Ex Ministro de Transportes y Comunicaciones y Raúl Ricardo Pérez Reyes Espejo, en su condición de Ex Ministro de Economía y Finanzas a efectos de que se determine su responsabilidad y se resuelva Inhabilitar a los denunciados para el ejercicio de la función pública por el plazo de 10 años; igualmente, que se remitió la respectiva acusación constitucional a la Fiscalía de la Nación para que proceda según sus atribuciones respecto al ejercicio de la acción penal que corresponde.

El argumento principal de la acusación de Martínez es por la aprobación y firma del Decreto Supremo N° 015-2025-MTC mediante el cual se aprueba el texto de la Adenda Nro. 5 del Contrato de Concesión para la Construcción, Conservación y Explotación del Terminal Portuario de Matarani y sus Anexos en beneficio de la empresa concesionaria Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR SA).

El congresista sostiene que la aprobación de la adenda 5 de extensión en favor de TISUR, es inconstitucional, ilícita, ilegítima e indebida del contrato de concesión por un nuevo plazo de 30 años más; aun cuando la terminación del contrato con el referido concesionario habría de ocurrir en el año 2029.

Martínez, señala que el artículo 61 de la Constitución consagra que el Estado tiene la obligación de facilitar y vigilar la libre competencia; sin embargo, con la aprobación del referido Decreto Supremo, se impide completamente la posibilidad de llevar a cabo una libre competencia entre agentes económicos, pues se permite que una empresa privada en específico se apropie del control absoluto de una concesión estatal, restringiendo la posibilidad de que nuevos agentes se postulen a ocupar tal posición, beneficiada del embarque de cobre y otros productos que exporta el Perú al mundo.

Agrega que los denunciados están habilitando de modo fraudulento que un único agente privado ejerza desreguladamente el control absoluto del mercado y la actividad económica que se realiza en el puerto de Matarani en Arequipa, circunstancia que dicha empresa aprovecha para llevar a cabo una serie de prácticas desleales, abusivas, perjudiciales para el normal desenvolvimiento del mercado, lesivas a la actividad económica que realizan los ciudadanos (especialmente los emprendedores), y contrarias a las normas constitucionales.

Por lo tanto, la libre competencia es crucial en los contratos de concesión porque garantiza condiciones de igualdad y equidad para todos los postores, promueve la eficiencia económica a través de la mejora en precios y calidad para los consumidores, fomenta la innovación y previene la concentración de poder en un solo proveedor.  Se asegura así que el Estado obtenga la mejor oferta posible para la prestación de un servicio público y que los ciudadanos se beneficien de servicios más competitivos.