Los responsables técnicos de las actividades de mantenimiento – RETAM del gobierno regional de Arequipa que tiene como gobernador regional a Rohel Sánchez, el año 2023, formularon requerimientos de servicios dividiendo las fichas técnicas en montos menores a 8 UITS con la finalidad de evitar la convocatoria a procedimiento de selección correspondiente de acuerdo a la Ley y Reglamento que rigen las contrataciones del Estado y normativas legales.

Así lo señala la conclusión más importante del informe de auditoría 043-2025 de la auditoría de cumplimiento del órgano de control institucional del gobierno regional de Arequipa del 21 de octubre que dirige Arturo Zea Manrique, denominado “Ejecución de fichas de mantenimiento realizadas por el área funcional no estructurada de mantenimiento de infraestructura pública del gobierno regional de Arequipa del periodo 2023”.

La Contraloría precisa que la Oficina de Logística y Patrimonio del gobierno regional de Arequipa, no advirtió al área usuaria que se estaba incurriendo en fraccionamiento, favoreciendo de esta manera con el otorgamiento de servicios requeridos a las empresas proveedoras, cuyos representantes son familiares de Alexander Pinto Pactara.

La auditoría puntualiza que los hechos expuestos han contravenido la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, así como su Directiva 007-2016 del 03 de agosto del 2016, denominada “Establecer medidas de control en el desarrollo de actividades de mantenimiento de infraestructura pública a cargo del gobierno regional de Arequipa aprobado con Resolución Ejecutiva 410-2016 del 03 de agosto del 2026, y la Directiva 013-2019 del 31 de diciembre del 2019 denominada “Contrataciones de bienes y servicios por montos de hasta 8 UITS y la Directiva 02-2023 del 30 de junio del 2023 denominada “Contrataciones de bienes y servicios por monto iguales o inferiores a 8 UITS del gobierno regional de Arequipa, hechos que han generado un perjuicio económico del gobierno regional de Arequipa por 208 mil 223 soles.

El informe identifica a 16 trabajadores del GRA y a representantes de diez empresas a quienes se le efectuó pagos a su favor en el año 2023 dentro de los cuales habrían varios lazos familiares.

La recomendación del órgano de control institucional al órgano instructor es realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos del GRA comprendidos en los hechos observados de la auditoría de cumplimiento.

Asimismo, solicita a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción que inicie las acciones penales que correspondan contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos e irregularidades en el informe de control específico con la finalidad que se determinen las responsabilidades.

El 21 de octubre del 2025 el Jefe de la OCI del GRA, Arturo Zea, mediante oficio 001271-2025 dirigido al gobernador regional, Rohel Sánchez, le comunica que, como resultado del Servicio de Auditoría de cumplimiento, se ha emitido el informe de Auditoría de cumplimiento N° 043-2025-2-5334-AC, el cual ha sido remitido al Órgano Instructor de la Contraloría General de la República para el procesamiento de los funcionarios y/o servidores involucrados en los hechos con evidencia de irregularidad, y respecto del cual el Gobierno Regional de Arequipa se encuentra impedido de realizar las acciones de deslinde de responsabilidades administrativas por los mismos hechos y las mismas personas.

Asimismo, refiere que el Informe de Auditoría de cumplimiento ha sido remitido al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales penales por las irregularidades identificadas en el Informe.

Foto GRA