La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, demandó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República, que preside el parlamentario Alejandro Soto Reyes, revisar la reducción de su presupuesto institucional para el Ejercicio Fiscal 2026.

Tello Gilardi sostuvo que este recorte de S/ 355 millones en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), presentado por el Poder Judicial ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), significa un déficit que afectará gastos recurrentes a la institución, ya que impedirá tener más órganos jurisdiccionales para atender casos de bandas y organizaciones criminales, la mejora de los servicios judiciales, casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, de flagrancia, la oralidad civil.

Recalcó que esta observación al déficit del PIA la planteó, en su oportunidad, al titular del MEF, Raúl Pérez Reyes, a quien le dijo que “era impostergable y no negociable”. Como se recuerda, el presupuesto asignado por el Ejecutivo al Poder Judicial para el próximo año 2026 llega a los S/ 3 mil 990 millones, según lo sustentado por la titular de este poder del Estado y no se podrá cubrir 844 plazas de jueces titulares que se requieren para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Tello, remarcó que del total de jueces que laboran en el Poder Judicial, prácticamente, la mitad son provisionales y supernumerarios, pero no es responsabilidad del Poder Judicial, porque lo que no tenemos es, justamente, presupuesto y precisó que, si se llegara a tener las partidas requeridas para cubrir esas plazas, se incrementaría, por lo menos, a 64 % la proporción de juezas y jueces titulares en relación con los provisionales y supernumerarios.

La magistrada incluso señaló que no hay presupuesto para jueces supernumerarios en cortes superiores como Madre de Dios, Amazonas y Apurímac, donde las organizaciones criminales cometen delitos graves y señaló que, por ejemplo, la Corte de Puente Piedra-Ventanilla solo tiene una sala para ver casos complejos de organizaciones criminales como la del cabecilla Erick Moreno Hernández, ‘el Monstruo’.

Aludió a la falta de recursos para contar con locales adecuados y garantizar la seguridad de los jueces, personal, así como a los usuarios que acuden para realizar sus trámites ya que no tienen locales seguros, el 75 % de ellos son alquilados, con techos que se caen, solo el 25 % son locales propios, por eso buscamos el apoyo de los gobiernos locales y regionales.

En relación con la carga procesal, sostuvo que los procesos principales pendientes en ejecución ascienden a 3 millones 958 mil 767 a julio de 2025, mientras que los expedientes en trámite suman 1 millón 219 mil 671 y refirió que el incremento de la carga procesal es innegable, por la litigiosidad, la creciente acción de la delincuencia, la violencia y agresión contra las personas vulnerables, entre otras razones.

Señaló que se han ejecutado diversas jornadas extraordinarias de descarga, así como un nuevo Programa de Descarga Procesal para el periodo 2025-2026 y se ha presentado tres iniciativas legislativas para atender las demandas de los servidores judiciales y administrativos de la institución que preside y una de ellas es la que propone la incorporación de los trabajadores/as CAS al régimen laboral 728, pues señaló que la diferencia en las remuneraciones entre ambos regímenes es abismal.

El otro proyecto está referido al cumplimiento del cuarto tramo de la escala remunerativa para los servidores/as del régimen 728, un compromiso del Poder Ejecutivo desde hace varios años, mientras que un tercer proyecto plantea un bono para el personal CAS que percibe 1950 soles o menos, que también es un compromiso desde hace unos años, de que nadie en el Poder Judicial debe ganar menos de esa suma.