Las sentencias de la CIDH deben acatarse y la ley de amnistía y prescripción que aprobó el Congreso solo buscan la impunidad de los violadores de derechos humanos que los ciudadanos no debemos permitir y retirarnos de la Convención Americana de Derechos Humanos sería una barbaridad y retroceso. Así se expresó el abogado, José Cárdenas Chamana, presidente de la Coordinadora de Derechos Humanos de Arequipa, quien sostiene que los jueces mediante el control difuso deben inaplicar la ley de amnistía y prescripción y no debe permitirse que los jueces sean intimidados ante la Junta Nacional de Justicia al tiempo de anunciar que en los próximos días tendrán un encuentro de organizaciones de derechos humanos luego del cual emitirán un pronunciamiento oficial.

El Congreso aprobó la ley de prescripción y la ley de amnistía con diversos argumentos jurídicos y políticos que según algunos juristas estas normas aprobadas violan la Constitución y no respetan sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). ¿Cuál es su opinión al respecto?

La Coordinadora de Derechos Humanos de Arequipa que yo represento, afirmamos que hay un contexto electoral de amenazas a los derechos de los ciudadanos. Las leyes aprobadas por el Congreso atentan contra la esencia democrática de protección de los derechos humanos y pone el riesgo la tutela de derechos de las personas por parte del Estado. Hay ya sentencias jurídicas de cumplimiento por parte del Estado y algunos voceros de la derecha señalan que dichas sentencias amenazan nuestra soberanía, pero para nosotros como organización de derechos humanos dichas sentencias tienen que acatarse y tienen carácter ejecutivo.

Hace un mes atrás la presidenta de la CIDH recomendó al Estado que se abstenga de aprobar una ley de amnistía antes que el Congreso apruebe dicha norma legal hoy promulgada por la presidenta. ¿Qué significa eso para el Estado y los ciudadanos?

La ley de amnistía tiene un mito y se afirma que los militares están siendo perseguidos por delitos y se debe exonerarlos de las penas y ese argumento es falso. En la lucha contra el terrorismo lucharon miles de personas en el interior del país incluyendo a militares y policías que ofrendaron sus vidas, pero algunos uniformados cometieron excesos y homicidios que el Estado debe sancionar ya que están tipificados como violación de derechos humanos. Son pocos los militares que se excedieron y son 137 casos y no son miles de casos como ellos afirman.

El congresista Rospigliosi ha presentado una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia contra el juez Concepción Carhuancho y está pidiendo que se destituya a dicha magistrado por aplicar el control difuso en algunas de sus sentencias. ¿Qué sobre este caso?

Esta ley de amnistía busca impunidad de quienes se excedieron contra civiles, por tanto, estamos hablando de la protección al derecho a la vida de personas asesinadas. El Congreso está aprobando leyes como ley de prescripción y de amnistía y el primer deber del Estado es que debe ser el Ministerio Público quien debe proteger nuestros derechos de los ciudadanos y si esa institución no protege a los ciudadanos la segunda entidad son los jueces que están obligados a aplicar el control difuso cuando una ley entra en contradicción contra algún principio constitucional. Lo que busca Rospigliosi al denunciar al juez ante la JNJ es intimidarlo y buscan su destitución lo que no podemos permitir porque eso es abuso de poder. No podemos permitir que el Estado sea omnipotente y legisle a su favor imponiendo normas que violan la Constitución y la Convención Americana de DDHH.

¿No cree usted Dr. Cárdenas que al aprobar el Congreso la ley de amnistía también está violando el art. 139 de la Constitución que señala que ningún otro poder puede inmiscuirse cuando hay procesos judiciales en marcha que son competencia de los jueces?

Usted bien lo ha precisado que ningún otro fuero puede entrometerse en procesos que están tramite ante el poder judicial porque así lo señala la Carta Magna en el art. 139. El Estado no puede violar el principio de violación de poderes, salvo que sean actos competenciales. Los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, pero ahora el Congreso con su mayoría han aprobado una ley de prescripción que viola la Carta Magna.

Al margen del control difuso que pueden inaplicar los jueces contra la ley de amnistía, ¿Ustedes como organización de derechos humanos de Arequipa van a presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o no?

Somos una organización social de Arequipa y en los próximos días haremos un encuentro de análisis de estos temas con la participación de varias instituciones y al final emitiremos un pronunciamiento. No podemos permitir una dictadura legislativa y la regresividad de los derechos humanos en el país. Debemos movilizarnos como sociedad civil contra el Congreso y sus aliados como el gobierno de Dina Boluarte. Ya el Ministerio Público anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía y esperemos que el Tribunal Constitucional en su momento se pronuncie y protejan a los ciudadanos.

El gobierno de Boluarte ha creado dos comisiones, la primera para evaluar la posibilidad de retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la segunda para presentar un proyecto de ley para cautelar nuestra soberanía nacional. ¿Qué opina de ambos temas?

Sería una barbaridad que el Estado se retire de la CIDH y eso no se ha visto en las últimas décadas ni Fujimori pudo concretarlo. La globalización de la justicia se ha integrado a la economía global junto a lo social y político, hoy tenemos al mundo globalizado y tenemos una interacción mundial con varias organizaciones internacionales. Para reformar el Código Civil tuvimos 30 reuniones consultivas, pero el gobierno de Boluarte quiere hacerlo en pocos meses y en ministerios de Relaciones Exteriores y Defensa que dependen del poder ejecutivo que no podemos permitir.

El gobierno ha encargado al Ministerio de Defensa que preparen un proyecto de ley sobre la seguridad nacional que, siendo un tema de Estado, ahora Boluarte solo le consulta los militares y excluye a la sociedad civil. ¿Qué opina usted de este tema?

La soberanía se entiende como la autonomía de un Estado para autogobernarse, cautelar sus fronteras, defender su patrimonio y su cultura, etc. Si eso es cierto, nos preguntamos, ¿Por qué nuestros principales recursos naturales están concesionados por 20 y 20 años a empresas mineras? ¿Dónde está entonces la protección de nuestra soberanía nacional? Hoy estamos ligados al Fondo Monetario Internacional y sus políticas económicas y allí los neoliberales no defienden nuestra soberanía.

¿Con estas leyes y las que están preparando desde el Congreso y el gobierno de Boluarte qué es lo que pretenden ellos según su apreciación?

Ellos quieren consolidarse en el poder político, quieren una casta política permanente que quieren mantenerse en el control del Estado.

Hay pasividad e indiferencia en la sociedad civil que no protesta ni se pronuncia con raras excepciones ante la dictadura parlamentaria y del gobierno nacional. ¿Por qué sucede eso y que van hacer ustedes para expresarse y movilizarse públicamente?

Creo que nos falta interiorizarnos sobre los alcances de nuestra soberanía e identidad nacional. Ellos nos descalifican con insultos como los caviares, los ultras o comunistas y quieren imponernos un solo pensamiento que no debemos permitir esa estigmatización que atenta contra nuestros derechos como ciudadanos peruanos libres e independientes.