El Fiscal Superior de la Cuarta Fiscalía Superior Penal de Apelaciones – Despacho de Investigación contra Magistrados – Dr. Santiago Irigoyen, solicitó que la Primera Sala Penal de Apelaciones declare la contumacia del exjuez Justo Andrés Quispe Apaza, quien se desempeñó como Juez del Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, ello al no haberse presentado a la audiencia de instalación de juicio oral, seguido en su contra por los delitos de Falsedad Genérica (Art. 438 del Código Penal) y Omisión de Actos Funcionales (Art. 377 del Código Penal).

Irigoyen Díaz durante la audiencia judicial, sostuvo que el acusado tenía conocimiento del proceso, así como de la audiencia programada para dicha fecha, puesto que se encontraba debidamente notificado y pese a ello no concurrió a la misma.

El pedido del fiscal fue aceptado por la Sala Penal de Apelaciones, disponiéndose la emisión de órdenes de captura a nivel nacional con el fin de asegurar la ubicación, detención y conducción inmediata del exmagistrado a la sede judicial, asegurando así su sujeción al proceso y la efectiva culminación del juicio.

La Cuarta Fiscalía Superior Penal de Apelaciones en adición a sus funciones viene conociendo la indagación preliminar, la investigación preparatoria, etapa intermedia y juzgamiento de delitos de función atribuidos a los jueces de Paz Letrado, Fiscales Adjuntos Provinciales, Jueces Especializados, fiscales provinciales y Fiscales Adjuntos Superiores, excepto delitos de corrupción de funcionarios. En el marco de dichas competencias formuló acusación en contra de dicho exmagistrado, atribuyéndole la comisión de delitos cometidos durante el ejercicio de su cargo como Juez Especializado sosteniéndose que el acusado habría ingresado información falsa en el Sistema Integrado Judicial (SIJ) para simular la emisión de sentencias y otros actos procesales que nunca se concretaron, buscando ocultar el incumplimiento de su deber de expedir resoluciones judiciales.

La Fiscalía ha documentado seis casos específicos de omisión y falsedad en los que el exjuez habría actuado de esta manera, estos casos, que involucran a diversas partes como empresas, ciudadanos particulares y la Procuraduría del Poder Judicial, han generado una dilación de entre uno y más de cuatro años en la resolución de los procesos, por lo que, esta conducta, según la acusación, no solo atenta contra el buen funcionamiento de la administración de justicia, sino que también vulnera derechos fundamentales de los agraviados, como la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso y el plazo razonable.

Además de la pena privativa de libertad, la Fiscalía ha solicitado la pena accesoria de inhabilitación para que Quispe Apaza no pueda volver a ejercer un cargo público, dado que los delitos fueron cometidos en el ejercicio de sus funciones como juez. La acusación subraya que, si bien el exjuez ya fue destituido en un proceso administrativo, los hechos materia de esta acusación penal son distintos a los que motivaron dicha destitución, lo cual reafirma el compromiso del Ministerio Público con la defensa de la legalidad, actuando con objetividad y firmeza frente a toda conducta que vulnere el correcto ejercicio de la función pública, especialmente cuando se trata de procesos que involucran a magistrados y ex magistrados del sistema de justicia.