La Junta Nacional de Justicia emitió una cuestionable resolución donde le pide a la actual Fiscal de la Nación, Dra. Delia Espinoza, que reponga a Patricia Benavides en el cargo de Fiscal de la Nación y a la misma vez, designe un nuevo instructor para que actúe conforme a sus atribuciones en la investigación contra Benavides por su actuación como Fiscal de la Nación.

La polémica resolución de la JNJ solicita que se oficie al Congreso de la República respecto a la actuación de los miembros anteriores de la JNJ que conocieron de este procedimiento disciplinario, por los fundamentos expuestos en el informe a fin de que procedan conforme a sus atribuciones.

La resolución de la JNJ obedece a un amparo presentado a favor de Benavides, dejando sin efecto las medidas disciplinarias de destitución que impusieron los anteriores integrantes de la JNJ, quienes en resolución motivada la destituyeron como fiscal suprema titular por lo que Benavides ya no podía ejercer la Fiscalía de la Nación. Fueron los fiscales supremos titulares quienes eligieron transitoriamente al fiscal supremo, Juan Villena como Fiscal de la Nación y posteriormente, se eligió a la actual Fiscal de la Nación, Dra. Delia Espinoza, en el ejercicio que la Constitución y de la Ley Orgánica del Ministerio Público que les reconoce dicha competencia y atribución a los fiscales supremos titulares, lo que hoy pretende desconocer la actual JNJ.

Breve comentario del tema

La resolución de la JNJ obligando a la actual Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, para que reponga a Patricia Benavides en el máximo cargo del Ministerio Público, es totalmente ilegal e inconstitucional y desdibuja la imagen institucional del órgano constitucional autónomo que nombra y destituye jueces y fiscales en el país. En términos sencillos, esa resolución es un “Frankenstein jurídico” y no parece haberse redactado por abogados expertos en derecho constitucional, sino, por tinterillos.

Con cargo a ampliar el tema más adelante cuando se publique el integro de dicha resolución, lo concreto es que la actual Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, fue elegida por la Junta de Fiscales Supremos tal como lo ordena el artículo 158 de la Constitución Política que la Junta Nacional de Justicia actual no puede ni debe desconocer, bajo el riesgo que sus actuales integrantes puedan ser acusados por infracción a la Constitución.

Asimismo, así lo reconoce la Ley Orgánica del Ministerio Público en el DL 052- 1981, en su artículo 37 señala, que, El Fiscal de la Nación y los Fiscales Supremos Titulares constituyen la Junta de Fiscales Supremos. El Fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, entre sus miembros; por un período de tres años, prorrogable por reelección sólo por otros dos años.

Por tanto, la actual Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no tiene la atribución constitucional ni legal, de emitir ella una resolución dejando su cargo ya que podría ser acusada de abandono de funciones para   cederla a Patricia Benavides, lo que es ilegal e inconstitucional. Los únicos que podrían removerla del cargo que ostenta Delia Espinoza, sería la Junta de Fiscales Supremos, con una resolución motivada, pero también la JNJ, del cargo de fiscal suprema, siempre y cuando haya cometido delitos u actos indisciplinarios comprobados.

Lo grave es que la actual JNJ al pasar el tema al Congreso, lo que buscaría es que a los ex integrantes los acusen por consigna política, lo que agudizaría más la poca credibilidad que tiene el sistema de administración de justicia y el parlamento ante el soberano. Con toda seguridad que el Ministerio Público en defensa de su autonomía e independencia constitucional a través de sus fiscales supremos, se pronunciaran en las próximas horas lo que pondrá nuevamente en evidencia ante el país el conflicto de poderes públicos en el país que podría llegar al Poder Judicial e incluso derivar a futuro al Tribunal Constitucional.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado