Como si en la jurisdicción regional de Arequipa no hubiera distritos y anexos pobres que no tienen servicios básicos indispensables para vivir con dignidad y allí debería priorizar sus inversiones el gobierno regional. Sin embargo, el gobernador Rohel Sánchez, se reunió el lunes 09 de junio con el arzobispo de Arequipa y el alcalde de Polobaya, donde la autoridad regional, anunció la ejecución del proyecto para la creación del servicio de suministro eléctrico en los centros poblados de Tasata y Chapi, en Polobaya, incluyendo el emblemático Santuario de la Virgen de Chapi.

Sánchez, señaló que la obra proyecta una inversión de 5 millones de soles, beneficiará directamente a más de 150 familias de los dos centros poblados y permitirá brindar mejores condiciones a los miles de peregrinos nacionales e internacionales que visitan el Santuario de Chapi y el templo sería inaugurado el 14 de junio con una ceremonia religiosa.

Sánchez no ha leído la Constitución del país que señala, que el Perú es un Estado Laico, donde están separados la Iglesia y el gobierno y las autoridades no tienen obligaciones con las Iglesias. El artículo 50 de la Carta Magna, señala textualmente, que “Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas”.

Pero, una cosa es una colaboración y otra cosa es la obligación que el gobierno regional asuma el costo total del proyecto de electrificación en beneficio de una confesión religiosa. El arzobispo de Arequipa, debería pedirle apoyo financiero al Estado del Vaticano para dicho proyecto, incluso debería utilizar parte del dinero que recaudan de los alquileres que cobran a los predios que tienen en Arequipa, pero también pedir colaboración a los fieles para financiar dicha electrificación.

Si Sánchez, ratifica ese apoyo financiero al Santuario de Chapi, con todo derecho, otras confesiones religiosas deberían presentar sus proyectos al gobernador regional y con criterio de justicia e igualdad, el inquilino regional no debería negar apoyo financiero bajo el riesgo de ser denunciado por discriminación que la Constitución proscribe. El Estado ha nacido para apoyar a los sectores marginales con carencias de servicios básicos y esa es la obligación de sus autoridades en todos los niveles de gobierno. las Iglesias y sus proyectos deben ser financiadas por sus fieles.

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