Apocas semanas de iniciado el gobierno de Keiko Fujimori, aún no está claro qué lugar ocupará el proceso de descentralización en su agenda, o si llegará a ocupar alguno. Hasta ahora sabemos con certeza que no figuró como asunto significativo en el plan 2026-2031 de Fuerza Popular, en el discurso inaugural de la presidenta del pasado 28 de julio, o en declaraciones posteriores suyas o de sus ministros.

Es más, a tres semanas de iniciada la nueva gestión, aún no se ha renovado a las autoridades de las entidades claves para conducir el proceso: el Viceministerio de Gobernanza Territorial (que ha sido encargado a la secretaria general de la Presidencia del Consejo de Ministros) y la misma Secretaría de Descentralización.

¿Por qué sería la descentralización relevante para los próximos cinco años y, sobre todo, en un momento donde varios otros temas (como la delincuencia o la prevención ante el inminente fenómeno de El Niño) parecerían ser prioridades mucho más urgentes para la sociedad peruana?

De hecho, más allá de que la Constitución la consigne como política permanente y obligatoria, el proceso de descentralización iniciado hace casi un cuarto de siglo ha seguido acumulando problemas de distribución y ejercicio de competencias, escasas capacidades subnacionales y deficiente coordinación entre niveles de gobierno, y los principales diagnósticos recientes al respecto (incluso los oficiales) coinciden mayormente en una larga lista de fracasos y decepciones.

Hoy en día, atender e impulsar la descentralización podría ya no ser una demanda explícita de la población: mientras la mayoría de peruanos apoyaba la descentralización y tenía grandes expectativas cuando empezó el proceso en 2002, en años recientes ha sido evidente un grado de desgaste y hasta decepción. Por ejemplo, en 2022, 71% de los encuestados por Datum consideraba que los gobiernos regionales creados con este proceso no habían sido una solución a los problemas y necesidades de sus regiones y, en 2026, 79% de los encuestados por el IEP decía confiar poco o nada en ellos.

Sin embargo, a pesar de sus conocidas y persistentes fallas, la descentralización no es un proyecto puntual que puede ser simplemente dejado de lado e ignorado. El desempeño de esta amplia reforma, que es trasversal a la mayoría de sectores, ya afecta, y seguirá afectando, directamente a todos los peruanos en la medida en que define cómo se hacen las políticas y cómo se entregan bienes y servicios públicos de los que dependemos cada día para nuestro bienestar.

Por ejemplo, asuntos importantes de salud y educación dependen de los gobiernos subnacionales, y más de la mitad de la inversión pública (más de S/ 15 mil millones en lo que va de 2026) está a cargo de los gobiernos regionales y municipios. Sabemos que todos estos bienes y servicios, y las políticas que los enmarcan, aún requieren de mejoras sustantivas y ello pasa por la gobernanza descentralizada que caracteriza a gran parte de nuestro sector público.

Proponemos, a partir de acciones recientes y antecedentes históricos, que se perfilan tres escenarios posibles para la descentralización bajo el actual gobierno. El primero es que simplemente no se aborde de manera directa a la descentralización como reforma integral ni se discuta el rumbo que lleve en el largo plazo, pero sí se intervenga sobre algunos de sus componentes relevantes.

En este sentido, el plan de Fuerza Popular prácticamente no mencionó a la descentralización, pero sí propuso una gestión pública “moderna, descentralizada, digital y transparente” e incluyó diversas medidas de alcance regional —infraestructura, desarrollo productivo, servicios y fortalecimiento de algunas capacidades subnacionales—, sin discutir reformas ni una agenda de descentralización propiamente dicha.

El discurso inaugural del 28 de julio mencionó diversos asuntos relevantes a las agendas territoriales, pero tampoco anunció asuntos que podrían afectar el curso del proceso, como nuevas transferencias de competencias o recursos, reformas de la descentralización fiscal o cambios sustantivos en las relaciones entre Gobierno Nacional, gobiernos regionales y municipalidades. Las primeras declaraciones de los ministros han enfatizado la articulación con autoridades regionales y locales, pero no han llenado ese vacío.

Este escenario de abordaje indirecto o parcial es el que encuentra mayor respaldo en lo dicho y hecho hasta ahora. El gobierno puede ofrecer invertir en regiones, mejorar carreteras y servicios, digitalizar gobiernos subnacionales, impulsar proyectos para abordar emergencias, y coordinar más cercanamente con gobernadores y alcaldes en ciertas coyunturas sin modificar sustancialmente la distribución de poder entre niveles de gobierno o apuntar a nuevos patrones de gobernanza.

Una agenda de “mejor gestión” y colaboración ante desafíos concretos podría así reemplazar a una agenda explícitamente descentralizadora, que es lo que se esperaría de los gobiernos nacionales si se atiende lo dicho en la Constitución y diversas normas de alto nivel.

Un segundo escenario posible sería de continuidad institucional y cambio gradual, es decir, que el gobierno asuma varios de los pendientes que encontró sobre la mesa al llegar. El principal es quizás la Política Nacional Multisectorial de Descentralización (PNMD) al 2040, un instrumento de políticas que está prácticamente listo y sería el primer instrumento de largo plazo para orientar este proceso.

La PNMD no plantea grandes cambios al proceso, pero sí aborda de manera integral varios de los numerosos desafíos que han sido diagnosticados al estudiar la descentralización. Su elaboración ha sido lenta pero ya sobrevivió a sucesivos cambios políticos desde 2022, llegó bastante avanzada a julio de 2026, y a fines de 2025 la PCM había validado su tercer y último “entregable”.

En mayo de 2026, la propuesta de PNMD fue incluso sometida oficialmente a consulta pública, pero el gobierno encargado saliente no llegó a aprobarla. En este escenario, el más descentralista, Fujimori podría culminar un proceso postergado que ya ha sido avanzado por gobiernos de distinta orientación, sin necesidad de convertir la descentralización en una bandera política propia ni comprometerse con cambios significativos.

Existe también un tercer escenario, menos respaldado hasta ahora por las decisiones recientes del nuevo gobierno (o ausencia de ellas), pero que no puede descartarse dados los antecedentes políticos: un intento de reversión del proceso o un debilitamiento “desde arriba” de los gobiernos subnacionales. En este caso, el antecedente histórico del fujimorismo importa.

Alberto Fujimori llegó al poder cuando estaba en marcha la primera experiencia de regionalización democrática y su gobierno la interrumpió tras el autogolpe de 1992; posteriormente los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR) quedaron en cada departamento como organismos dependientes del poderoso Ministerio de la Presidencia.

Las medidas adoptadas en los años noventa fueron un freno al proceso regionalizador, recentralizaron algunas competencias de los municipios, y también recortaron autonomía financiera, especialmente a los municipios provinciales. Aunque el contexto actual es muy distinto—con gobiernos regionales relativamente consolidados durante más de veinte años y un marco constitucional y político que, sobre el papel, es más difícil de revertir—las persistentes críticas a la corrupción, baja capacidad de ejecución o ineficiencia subnacional podrían utilizarse (especialmente en contextos de emergencia) para justificar que determinadas decisiones, recursos o funciones vuelvan a concentrarse en el Gobierno Nacional. Por ahora, sin embargo, no hay evidencia suficiente para afirmar que esa sea la intención del nuevo gobierno.

A diferencia de los tres escenarios mencionados, hay un escenario adicional que podemos imaginar, pero no parece nada probable a juzgar por las decisiones recientes y antecedentes históricos: una postura significativamente descentralista que busque enmendar problemas profundos del proceso. Sin embargo, la decisión más inmediata que permitiría distinguir entre los otros tres escenarios que sí serían factibles podría ser precisamente lo que haga la presidenta o su gabinete con la PNMD al 2040.

La política nació del intento de replantear la descentralización durante el gobierno de Pedro Castillo y, sorprende mente, continuó elaborándose bajo sus sucesores. Su contenido difícilmente puede considerarse radical: parte de problemas ampliamente reconocidos —fragmentación de responsabilidades, débil articulación intergubernamental, capacidades desiguales y brechas territoriales— y busca ordenar y hacer más efectivo al proceso tal como ya está planteado, antes que producir un nuevo rumbo o una gran transferencia adicional de poder hacia las regiones o localidades.

En ese sentido, no tendría por qué resultar particularmente amenazante para un gobierno de Fuerza Popular y podría ofrecerle un instrumento útil para ordenar la relación entre niveles de gobierno en el siguiente lustro, más allá del corto plazo.

El obstáculo, en este sentido, puede ser más político que de posturas o contenidos técnicos. No parece que en las turbulentas coyunturas que se avecinan en 2026 o 2027 vaya a haber muchos incentivos para que la presidenta o las mismas autoridades subnacionales (sean las salientes o las que se instalen en enero de 2027) quieran dedicar tiempo a discusiones que, aunque necesarias, inevitablemente se orienten a resultados de mediano y largo plazo.

Fujimori ya ha declarado que sus prioridades inmediatas son la seguridad ciudadana y la emergencia de El Niño, para la cual utilizará recursos extraordinarios y un plan nacional de contingencia. La amenaza climática afectará precisamente a centenares de provincias y distritos y exige una compleja coordinación con gobiernos regionales y locales que seguramente copará los programas de todas las próximas reuniones.

En un comienzo de gobierno marcado, además, por tensiones y protestas en distintas regiones (que también deben ser atendidas desde la PCM), enfocarse en una conducción fuerte desde Lima puede resultar más atractivo para el gobierno nacional que abrir discusiones que aumenten las expectativas sobre competencias o recursos para los actores subnacionales.

Así, ningún escenario probable para 2026-2031 apunta a reformas sustantivas del proceso de descentralización, algo que, sin embargo, muchos especialistas han considerado necesario. Las primeras señales relevantes sobre cuál de los escenarios señalados (abordaje indirecto o parcial, continuidad de la reforma gradual, o recentralización) se podría concretar serán relativamente sencillas de observar: primero, cuánto demora el Gobierno en designar funcionarios que conduzcan el proceso y a quiénes designa, y segundo, si se culmina y aprueba la PNMD que recibió prácticamente lista, si esta se reformula, o si simplemente se le guarda en un cajón.

Gonzalo Alcalde – Docente PUCP – Otra Mirada.

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