En pronunciamiento público, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú afirma que el Proyecto de Ley N.° 00043/2026-2031-CD, suscrito por el diputado Aldo Antonio Bravo Quispe, de Renovación Popular, que propone penalizar la denominada “apología al delito agravado” durante situaciones de crisis política y/o conflictos sociales, afecta seriamente el pleno ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio del periodismo.

La ANP sostiene que la iniciativa genera graves riesgos para la libertad de expresión, el derecho a la información y el ejercicio del periodismo, al emplear conceptos amplios como “justificar”, “legitimar” o “generar un riesgo”, cuya interpretación podría terminar alcanzando expresiones y contenidos periodísticos protegidos.

Refiere que informar sobre hechos violentos no equivale a promoverlos. Reproducir declaraciones de dirigentes, recoger testimonios, documentar hechos o dar cobertura a conflictos sociales forma parte del ejercicio periodístico y no puede ser confundido con la incitación, justificación o legitimación de la violencia. Una legislación de esta naturaleza debe establecer esa diferencia de manera expresa para evitar efectos de autocensura.

Afirman que resulta preocupante que la propuesta considere como agravante el uso de medios de comunicación y plataformas digitales y mencione expresamente a comunicadores, líderes de opinión y personas con capacidad de convocatoria pública. Esto no puede convertirse en un factor de mayor exposición penal para quienes ejercen una actividad esencial en democracia.

Advierten sobre las implicancias que la propia exposición de motivos atribuye a la investigación penal, incluida la posibilidad de exhibición e incautación de dispositivos electrónicos y archivos digitales. El proyecto no contempla salvaguardas suficientes para proteger el material periodístico, las investigaciones en curso y el secreto profesional.

Puntualizan que el proyecto no solo pone en riesgo las libertades informativas y el ejercicio periodístico, sino que puede terminar criminalizando derechos fundamentales como la libertad de opinión y expresión, y el derecho a la protesta. La ANP defiende el pleno ejercicio de estos derechos porque son libertades esenciales de toda sociedad democrática y no pueden quedar sometidos a una ampliación imprecisa del poder punitivo del Estado.

Finalmente, la ANP advierte que no resulta razonable ampliar de manera imprecisa el ámbito del derecho penal cuando el ordenamiento jurídico peruano ya contempla herramientas para sancionar la instigación a la comisión de delitos, la apología y otras conductas violentas. La respuesta del Estado frente a la violencia no puede traducirse en una ampliación del poder punitivo capaz de alcanzar el ejercicio de derechos fundamentales.

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