La Municipalidad Provincial de Arequipa y los transportistas en la gestión del inefable ex alcalde Victor Rivera, en un acto de traición a sus representados, llegaron a un “acuerdo” ilegal en el mes de marzo 2026 en una acta y comunicado que no tiene base legal ni se adecuó a la normatividad vigente, donde definieron reajustar las tarifas a un sol con treinta centavos sin estudio técnico que lo validara ni respetando el procedimiento establecido, lo que hoy está en investigación en el Ministerio Público.

Hoy, agosto del 2026, la nueva alcaldesa Rucy Oscco, haciendo respetar la ley vigente, exige que si los transportistas quieren reajustar las tarifas presenten formalmente sus estudios de costos y se sujeten a la legislación vigente. Sin embargo, hay un chantaje explícito de los transportistas, al amenazar no solo a la alcaldesa, sino a los miles de usuarios con paralizar sus unidades de transporte sin justificación jurídica ni técnica que conste en documentación visible ante la opinión pública y son simples declaraciones de sus dirigentes.

Al hacerlo estarían incurriendo en el presunto delito de cartel y colusión que es un delito penal ya que habrían concertado para paralizar sus unidades lo que es una práctica anticompetitiva ilegal en una economía social de mercado. La Fiscalia tiene el deber de actuar y frenar dichos abusos y la Municipalidad Provincial sancionar económicamente dichos abusos y aperturar procedimientos administrativos respetando siempre la Ley 27444.

Algunos concesionarios del transporte público, han tenido el atrevimiento de afirmar que la Municipalidad Provincial no puede fijar tarifas ya que ellos son empresarios privados donde no tiene competencia la alcaldesa provincial para obligarlos a respetar el pasaje a un sol en sus unidades de transporte.

Por ignorancia o atrevimiento inaceptable, todo empresario y ciudadano, debe saber que cuando vivimos en un Estado Constitucional de Derecho, hay reglas jurídicas que deben respetarse escrupulosamente y con mayor razón cuando hay contratos de por medio, tanto en derechos como deberes. Eso quiere decir, en sencillo que hemos desterrado el gobierno de las personas que siendo autoridades antaño cometían abusos siglos atrás y hoy en el siglo XXI hemos pasado al gobierno de las normas, donde gobernantes y gobernados debemos respetar la Constitución, las leyes y resoluciones. De lo contrario, volveríamos a la ley de la selva donde el más fuerte abusaría del mal débil lo que es intolerable en un Estado Constitucional Social y Derecho.

Los transportistas serán dueños de sus unidades, pero se sometieron a un contrato que tienen el deber de respetarlo y prestan un servicio público y las tarifas se definen técnicamente por un periodo determinado de acuerdo a estudios técnicos definidos en un marco jurídico que debe respetarse escrupulosamente.

Los transportistas no pueden imponer la ley de la selva, es decir, ellos no pueden imponer las tarifas según sus intereses tan solo porque son dueños de sus unidades. Si no les renta, que sustenten documentadamente sus nuevos costos los que serán analizados oportunamente, pero no puede coaccionar, chantajear ni presionar a la autoridad mucho menos a los usuarios. Sino les produce utilidades, que se retiren del servicio que vendrán otros transportistas para prestar el mismo servicio, pero no se puede aceptar la presión ni el chantaje.

Afirmar torpemente por parte de algunos concesionarios del SIT, que ellos son privados y la autoridad municipal no puede entrometerse en las tarifas, es como decir que en una familia el papá y la mamá, pueden hacer lo que les da la gana con sus hijos y nietos. Maltratarlos, humillarlos y vejarlos y ningún familiar, vecino o amigo y ninguna autoridad puede entrometerse, lo que es ilegal y abusivo.

Con mayor razón si las Municipalidades Provinciales son las únicas competentes por la Ley Orgánica de Municipalidades para fijar las tarifas en base a estudios y no puede entrometerse el presidente de la república, ni el gobernador regional y menos los congresistas, ya que de hacerlo estarían usurpando funciones que sanciona el Código Penal.

En este tema concreto, deben actuar en defensa de la sociedad y el ordenamiento jurídico vigente, el Ministerio Público, garante de la legalidad, el INDECOPI como defensor de los usuarios y consumidores, la Defensoría del Pueblo, que supervisa los servicios públicos que presta el Estado y privados a la Sociedad, la Municipalidad Provincial y la Policia Nacional, deben intervenir  de acuerdo a sus competencias y atribuciones legales para impedir este cartel de transportistas que tiene visos de colusión termine perjudicando a los usuarios del transporte publico en Arequipa.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado

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