El 28 de julio de 2026, el país fue testigo de un inicio de gestión gubernamental que se propone, en un plazo riguroso de 1,826 días, cerrar el histórico déficit social del Perú. En un contexto marcado por la desconfianza institucional y la urgencia de reactivación económica, el primer Mensaje a la Nación de la Presidencia de la República fijó la mirada en un sector fundamental: la juventud. No como un elemento pasivo o decorativo, sino como el motor estratégico para el desarrollo socioeconómico del país.

Desde el espacio de la participación activa y el liderazgo territorial —donde conocemos de cerca las dinámicas de los Consejos Provinciales de la Juventud (CPJ), los espacios regionales como los COREJU y el trabajo con la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU)— este pronunciamiento oficial exige un análisis reflexivo. Es indispensable evaluar si los anuncios gubernamentales responden con precisión a los desafíos cotidianos de millones de jóvenes peruanos o si corren el riesgo de diluirse en el laberinto burocrático centralista.

En cuanto al empleo, el discurso presidencial puso cifras concretas sobre una herida abierta: más de 250,000 jóvenes de entre 14 y 24 años se encuentran en situación de desempleo en el Perú, registrando una tasa que ronda el 10%. A este panorama se suma la alta tasa de informalidad laboral que condiciona el futuro de quienes egresan de las aulas escolares, técnicas o universitarias, empujándolos a la precariedad o al subempleo.

Ante este reto, el Ejecutivo presentó la política de Estado «Jóvenes con Futuro», fijándose la meta de reducir el desempleo juvenil a la mitad. La propuesta se sostiene en tres columnas principales: primero, la reestructuración de programas laborales mediante el fortalecimiento de iniciativas como Jóvenes Productivos para alinear la oferta técnica con las demandas reales del mercado; segundo, la creación de Capital Semilla Joven e incentivos integrales, entendiendo que el emprendimiento y la innovación son las vías más dinámicas de movilidad social para las nuevas generaciones; y tercero, la sostenibilidad de las MYPES mediante la implementación de un bono compensatorio temporal ante el incremento del sueldo mínimo, buscando evitar que el costo laboral golpee la formalización de la mano de obra joven.

Por otro lado, el anuncio de ampliar las becas de educación superior —en particular Beca 18— resulta indispensable. Sin embargo, el acceso a las aulas universitarias o institucionales no garantiza por sí solo el éxito si no viene acompañado de un desarrollo integral de competencias.

Para que las metas en educación y empleo sean sostenibles, resulta clave incorporar capacidades complementarias: una educación financiera práctica para que los proyectos con Capital Semilla e iniciativas de emprendimiento prosperen; el fortalecimiento de competencias educativas básicas para reducir a la mitad los vacíos en comprensión lectora y matemáticas en adolescentes de 15 años como piedra angular del perfil profesional; y una atención integral a vulnerabilidades que reduzca el embarazo adolescente —que alcanza un alarmante 18% en zonas rurales— para evitar la deserción escolar y garantizar la continuidad formativa.

Finalmente, aunque el mensaje presidencial cerró con un llamado a la resiliencia y a la perseverancia, recordando a las juventudes que son la energía para transformar el país, la experiencia en el territorio nos demuestra que la política «Jóvenes con Futuro» no podrá ejecutarse de arriba hacia abajo, dado que el centralismo ha sido históricamente el principal cuello de botella de los programas sociales.

Para que las oportunidades de empleo, becas y capital semilla se distribuyan con equidad y justicia social, el Estado debe articular directamente con las estructuras juveniles locales y regionales mediante un empadronamiento y diagnóstico descentralizado a través de los CPJ, COREJUs, diferentes Organizaciones Juveniles, Universidades, Institutos y demás para garantizar una rigurosa transparencia y meritocracia alejada del favoritismo político, e integrar mesas de trabajo multidisciplinarias que sumen cultura, deporte, sostenibilidad y tecnología en los planes de desarrollo concertado.

El planteamiento de la política de Estado «Jóvenes con Futuro» abre una ventana de oportunidad invaluable en la que reducir el desempleo juvenil a la mitad, masificar la educación superior y financiar la innovación son objetivos en los que todos debemos coincidir. Sin embargo, el éxito de estos 1,826 días de gestión no se medirá por la elocuencia de los discursos, sino por la efectividad en el territorio. A los jóvenes no nos corresponde ser meros espectadores de las políticas públicas, sino asumir un rol activo de propuesta, fiscalización y construcción comunitaria, usando nuestra resiliencia para organizarnos, liderar y transformar nuestras regiones.

Lenin Piero Endara Cutipa – Secretario General del Consejo Provincial de la Juventud de Arequipa

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