La presidenta electa Keiko Fujimori, juramentará a su cargo por mandato constitucional el 28 de julio del 2026 en el Congreso de la República donde posteriormente dirigirá su primer mensaje a la nación que ha generado expectativas, pero tambien dudas si podrán ejecutarse los proyectos priorizados que presentó Fuerza Popular en las elecciones del 2026.

El plan de gobierno de Fuerza Popular es de 130 páginas, denominado “El Perú con orden”, para el periodo 2026-2031, donde el nuevo gobierno ha priorizado tres ejes. Orden Estratégico, Económico, Social y el financiamiento del Plan.

En resumen, según nuestra evaluación personal, el plan de gobierno fujimorista es extremadamente ambicioso, ya que han priorizado más de un centenar de proyectos y programas, pero no precisan cuál es costo aproximado o total ni señalan de donde saldrá el financiamiento.

El plan de gobierno fujimorista, poco aborda el tema anticorrupción especialmente en el sector privado donde ellos siempre quieren tener la mejor “tajada de la torta estatal” en obras públicas. Propone una reforma integral del Sistema de Administración de Justicia en forma genérica y sin precisiones a qué sectores se refiere en la pretendida reforma.

No dice nada sobre política exterior que es fundamental para cualquier Estado, mucho menos no hay precisiones sobre la necesaria reforma fiscal que requiere el país y nada sobre el proceso de descentralización tan urgente en el país, ni de reforma constitucionales necesarias para disminuir la polarización social en el territorio nacional. Tampoco aborda el rol de las empresas públicas que tiene el Estado.

Lo más preocupante, es que no precisa de donde saldrá el financiamiento para sus grandes y costosos proyectos. Entre ellos, la culminación de nueva carretera central cuya inversión requiere de más de 30 mil millones de soles. Keiko ha priorizado en su plan de gobierno la construcción de 3 mil colegios en el quinquenio 2026-2031 cuyo costo según especialistas no bajaría entre 12 a 15 mil millones de soles.

Si a eso agregamos la construcción de 1 millón 250 mil viviendas el costo bordearía los 200 mil millones de soles. Keiko, tambien ha propuesto en su plan de gobierno que aumentará las pensiones entre el 50% al 100% a los jubilados. Podríamos afirmar a priori que Fujimori tiene un programa de gobierno populista que difícilmente se podrá cumplir y se ha puesto “la soga al cuello” voluntariamente si no cumple sus promesas electorales el 2031 si es que acaso logra concluir su gobierno rechazado por la mitad del electorado nacional.

El único elemento que considera el plan de gobierno fujimorista es que con el crecimiento económico que hoy es en promedio del 3.5% anual, en su gestión 2026-2031 se elevaría al 6% anual, lo que es casi imposible, ya que ningún gobierno latinoamericano ha logrado ese crecimiento económico en la ultima década.

Según el Banco Mundial al culminar el año 2025, de los 42 países latinoamericanos, los únicos países latinos que obtuvieron buen crecimiento económico fueron Paraguay con 6.6%, Aruba con 6.8%, Islas Turcas y Caicos con 5.6%, Argentina con 4.4%, Costa Rica con 4.6%, Granada con 4.4% y. Panamá con 4.4%. Los restantes países su crecimiento económico bordeó entre el 1% al 3% anual, siendo en el caso del Perú el 3.4% el año 2025. Por ser de interés público, hemos resumido el plan de gobierno de Fuerza Popular para que los ciudadanos conozcan cuales son sus principales propuestas para el próximo quinquenio. ¿Logrará Keiko ejecutar todas sus promesas electorales?

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado

Plan de Gobierno de la candidata presidencial, Keiko Fujimori de Fuerza Popular

El plan de gobierno de Fuerza Popular de 130 páginas que tiene como candidata a Keiko Fujimori, denominado “El Perú con orden”, para el periodo 2026-2031, ha priorizado tres ejes. Orden Estratégico, Económico, Social y el financiamiento del Plan.

En resumen, el fujimorismo, propone lo siguiente:

En Orden ciudadano:

“Programa Nacional de Prevención Temprana”, Instalación del Consejo Presidencial de Prevención del Delito y Convivencia Ciudadana, Promoción de escuelas deportivas como herramientas de prevención y reintegración y el Lanzamiento de un programa de “Empleo Joven con Futuro” para reducir el ingreso de jóvenes a economías ilegales

En Lucha contra la corrupción:

Ampliación del control concurrente real a todas las fases de ejecución presupuestal, fortalecer las capacidades técnicas y presupuestales de la Contraloría, y la Prohibición de la contratación estatal con empresas sancionadas por corrupción.

En Orden Económico:

La independencia del BCRP, sostenimiento del déficit fiscal del 1% del PBI en 2031, implementación de una Ventanilla Única Digital Nacional con IA, implementación de la estrategia nacional “Cero Colas”, que obligue a todas las entidades públicas a ofrecer atención 100% digital para trámites recurrentes.

En Orden Jurídico:

Modernización del sistema meritocrático liderado por SERVIR, creación de un Sistema de Formación para la Gestión Pública, acreditado por universidades y supervisado por SERVIR.

En Administración de Justicia:

Reforma integral del sistema de justicia, implementación de la interoperabilidad digital entre las entidades del sistema de justicia, la asignación eficiente de expedientes y la reducción de tiempos procesales, instauración de la obligatoriedad del Expediente Judicial Electrónico.

Apoyo a la PYMES:

Creación de PROMPYME con rango viceministerial adscrito a la PCM, implementación de la política de “Licencia 0 para MYPEs”, eliminando costos y trámites innecesarios mediante una ventanilla única electrónica nacional con Inteligencia Artificial que interopere con SUNAT, SUNARP, Indecopi y municipalidades (eliminación de licencia previa para riesgo bajo y medio).

En Minería:

Impulso de APP y Obras por Impuestos para infraestructura en áreas vinculadas a proyectos mineros, ejecución del Plan Nacional de Servicios e Infraestructura Logística de Transporte al 2032, priorizando corredores viales y ferroviarios para conectar proyectos mineros altoandinos con puertos y mercados, ampliación de la red de transmisión eléctrica moderna en regiones mineras estratégicas, promoción de la instalación de plantas de fundición y procesamiento para dar valor agregado, modernización de la Ley General de Minería para evitar la especulación mediante plazos obligatorios de exploración y producción.

En Agricultura:

Fortalecimiento del Programa Nacional de Siembra y Cosecha de Agua, impulso de la construcción de grandes proyectos de represamiento de agua a nivel nacional, tales como Chavimochic III, Majes Siguas II, Poechos II, Olmos, Chinecas, Alto Piura y Puyango–Tumbes, implementación del Programa Nacional de Riego Tecnificado, reingeniería de la Autoridad Nacional del Agua con mayor participación de usuarios y enfoque territorial, reforestación de cuencas andinas y zonas eriazas marginales.

En Transportes:

Ejecución de los grandes proyectos viales prioritarios, priorizando la finalización de las siguientes carreteras:  – Nueva Carretera Central – Oyón–Ambo – Canta–La Viuda–Unish  – Puerto Ocopa–Atalaya – Longitudinal de la Sierra Tramo 4 – Autopista del Sol – Red Vial N° 4, implementación de un Programa Nacional para rehabilitar y mantener el 100% de los Caminos Rurales Críticos y la creación de un Fondo de Rehabilitación Vial Rural que financie mantenimiento preventivo y obras de integración productiva.

En turismo:

En Machu Picchu y Circuitos Turísticos del Sur la ampliación y ordenamiento de la zona de visita con nuevos circuitos, un moderno centro de visitantes y caminos incas complementarios, modernización de los mecanismos de acceso y gestión de visitantes a Machu Picchu.

En industria:

El desarrollo de un Plan Nacional de Parques Industriales Modernos, priorizando 10 polos productivos en regiones estratégicas, implementación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) con beneficios tributarios temporales, orientadas a manufactura de alto valor agregado (textiles técnicos, metalmecánica, farmacéutica, agroindustria).

En medio ambiente:

Establecimiento de un Plan Nacional de Gestión de Residuos con economía circular, priorizando rellenos sanitarios regionales y eliminando botaderos a cielo abierto, implementación de un sistema de reciclaje, integrando a recicladores formalizados con incentivos tributarios para empresas que compren material reciclado, creación de plantas de tratamiento y valorización energética de residuos sólidos urbanos mediante APP, priorizando ciudades con más de 200,000 habitantes.

En el sector social:

Establecimiento de una asignación presupuestal específica para la implementación del Reglamento de la Ley de Acceso Universal al Agua Potable, Ley N.º 32065.

En Educación:

Reforzamiento integral de la currícula de la Educación Básica Regular para fortalecer la formación en educación cívica y ciudadana, incorporación de laboratorios de innovación y aulas digitales en colegios públicos, cumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional que reconoce el pago de la deuda social pendiente a los docentes, creación de redes de aprendizaje docente y centros de formación continua, construcción de 3,000 colegios durante el periodo de gestión, ejecución del Programa Nacional “Escuelas Seguras” para intervenir, en el próximo quinquenio, los colegios públicos que presenten daños en más del 50% de su infraestructura.

En Salud:

Creación de centros de salud materno-infantiles rurales, lanzamiento de un Programa Nacional de Prevención de la Anemia y la Desnutrición Infantil, Reactivación y fortalecimiento del modelo CLAS, implementación de un Padrón Nominal de gestantes y niños menores de 3 años para seguimiento en tiempo real, interoperable con RENIEC y el SIS.

En Vivienda:

Construcción de 1.25 millones de viviendas y departamentos nuevos a nivel nacional, a través de mecanismos de inversión pública, privada y asociaciones público-privadas,  implementación de un Sistema Nacional de Información Catastral y Urbana, interoperable con COFOPRI, SUNARP y municipalidades, complementado con un Catastro Urbano Unificado y un Visor Nacional de Vivienda, creación de un Sistema Nacional de Información Habitacional que permita monitorear en tiempo real el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo.

En Pensiones:

Pensión 65 un aumento de S/ 350 a S/ 700 bimestrales, priorizando a los adultos mayores en pobreza extrema, en el Programa Contigo el aumento de S/ 300 a S/ 600 mensuales, con posibilidad de complemento adicional por dependencia total. En el Programa Juntos el aumento de S/ 200 a S/ 400 bimestrales. En la Oficina de Normalización Previsional (ONP) una Pensión mínima de aumento de S/ 600 a S/ 800 mensuales. Pensión máxima con aumento de S/ 893 a S/ 1, 100 mensuales.

El financiamiento del Plan de Gobierno

Fuerza Popular, afirma que el PBI del Perú es de aproximadamente USD 350 mil millones, siendo la propuesta lograr una senda de crecimiento real sostenido en los próximos años, 3.5% el 2026, 5% el 2027 y 2028, y 6% el 2030 y 2031, lo que permitirá financiar el plan de gobierno.

Sostiene que con combinación inteligente de instrumentos que maximicen el impacto económico sin comprometer la sostenibilidad fiscal financiaría sus proyectos. Consideran que, las Asociaciones Público-Privadas (APP) constituyen un pilar central, al permitir acelerar la provisión de infraestructura económica y social —transporte, saneamiento, salud, educación, energía y logística— trasladando parte relevante del financiamiento, la ejecución y los riesgos al sector privado. Complementariamente, el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) ofrece una vía eficaz para movilizar recursos privados hacia proyectos regionales y locales de alto impacto, alineando prioridades territoriales con la ejecución eficiente de inversiones, sin generar presiones inmediatas sobre el flujo de caja del Estado.

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