El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, el 6 de julio, inició de oficio una investigación preliminar por el presunto delito de extorsión contra dirigentes de construcción civil, a raíz de los actos de violencia registrados en las obras del nuevo local del Poder Judicial, ubicado en el sector de Semi Rural Pachacútec, en el distrito de Cerro Colorado.

La fiscal adjunta provincial Lizet Gómez Saira, ante los hechos de violencia ocurridos en la referida obra —aparentemente ocasionados por integrantes del gremio de construcción civil—, dispuso, de oficio, iniciar la investigación preliminar por el plazo de 60 días, encargándola al personal del Área de Investigación Criminal de Asuntos Sociales de la Policía Nacional del Perú, adjuntando una serie de videos de diversas fuentes y disponiendo una serie de diligencias que debe desarrollar el personal policial.

Ese mismo día, por la tarde, los representantes de la empresa agraviada interpusieron una denuncia ante la Policía contra los dirigentes de Construcción Civil. Los agraviados manifestaron haber recibido llamadas telefónicas donde les requirieron la contratación de personal en la obra. En ese contexto, la policía – conforme a sus atribuciones- procedió a la detención en flagrancia de los dirigentes L. E. V. y J. Ch. O.

Al respecto, el fiscal provincial Antonio Chacón Roselló, coordinador de las Fiscalías Penales del Distrito Fiscal de Arequipa, precisó que la actuación del Ministerio Público se orienta, en primer término, a verificar la legalidad de la detención y, en segundo lugar, a determinar la comisión del delito denunciado. Las investigaciones se mantienen bajo reserva, por lo que no se brindarán detalles procesales en esta etapa, a fin de proteger a la parte denunciante y a posibles testigos.

Asimismo, indicó que, por el momento, existe una detención en flagrancia, y en las siguientes horas se determinará la situación legal de los detenidos y de ser el caso las acciones coercitivas que correspondan. La pena por el delito de extorsión agravada es de 15 a 20 años de privación de libertad.

Cabe indicar que la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Arequipa exhortó al secretario general del sindicato de construcción civil a orientar el ejercicio del derecho a la protesta dentro del marco legal y constitucional que corresponda; así como, a los manifestantes y/ o personas que vayan a participar en la misma, a que eviten cometer delitos como: disturbios que tiene como pena de 6 a 8 años de cárcel, entorpecimiento de servicios públicos de 4 a 6 años de cárcel que de existir violencia se eleva de 6 a 8 años y con agravante hasta 10 años; atentado contra la seguridad común al atacar infraestructura de servicios públicos o telecomunicaciones de 6 a 10 años de prisión.

Asimismo, la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo del Distrito Fiscal de Arequipa inició una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el presunto delito de lesiones en agravio de una periodista. La agresión habría ocurrido en el marco de las protestas del nuevo local del Poder Judicial, registradas el lunes último en Cerro Colorado.

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