La Defensoría del Pueblo de Arequipa representada por la abogada, Andrea Sarayasi, demandó informacion ante Contraloría, OECE y el INPE, respecto a presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación del “Proyecto de Ampliación de la capacidad de albergue y construcción de áreas complementarias en el Complejo Penitenciario de Arequipa” al Consorcio Infra Penal Arequipa.

Sarayasi, sostiene que la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad sobre el uso de los recursos públicos destinados a la ejecución de obras penitenciarias y a recibir garantías de que estos proyectos se desarrollan conforme al marco normativo vigente, con pleno respeto a los principios de transparencia, probidad y rendición de cuentas.

La cuantía de los recursos públicos involucrados y la relevancia de este proyecto para garantizar condiciones dignas, obligan a que cualquier cuestionamiento sobre el proceso de selección, la participación de empresas contratistas o posibles conflictos de interés sea investigado con rigurosidad, transparencia y celeridad.

La Defensoría del Pueblo exhorta a la Contraloría General de la República, al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Ministerio Público a adoptar las acciones que correspondan, dentro del ámbito de sus competencias, a fin de determinar si existieron irregularidades y establecer, de ser el caso, las responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran derivarse de los hechos investigados.