La Junta Nacional de Justicia mediante Resolución 078-2026, resolvió ratificar a Sandra Janet Lazo de la Vega Velarde en el cargo de Vocal de la Corte Superior de Arequipa al haber satisfecho de forma integral la evaluación de los rubros de conducta e idoneidad y tener presente los exámenes psicométrico y psicológico practicadas a la evaluada, por lo que tomando en cuenta los elementos glosados se determina la convicción unánime del Pleno de la Junta Nacional de Justicia en el sentido de ratificar a la magistrada evaluada.

Asimismo, mediante Resolución 147-2026, la Junta Nacional de Justicia resolvió ratificar a Edwin Adelo Flores Cáceres en el cargo de Juez Superior de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y de lo actuado en el procedimiento de evaluación integral y ratificación ha quedado establecido que el magistrado ha satisfecho en forma integral la evaluación de los rubros de conducta e idoneidad, así como tambien los exámenes psicométrico y psicológico practicado a la persona evaluada, por lo que tomando en cuenta los elementos glosados se determina la convicción unánime del Pleno de la Junta Nacional de Justicia en el sentido de ratificar al juez evaluado.

La Junta Nacional de Justicia mediante Resolución 148-2026, resolvió ratificar a Beatriz Borda Garrido en el cargo de Fiscal Adjunta Provincial Penal Corporativo de Islay del Distrito Judicial de Arequipa. De lo actuado en el procedimiento de evaluación integral y ratificación ha quedado establecido que la Fiscal ha satisfecho de forma integral la evaluación de los rubros conducta e idoneidad teniendo en cuenta los exámenes psicométricos y psicológicos practicados a la persona evaluada y por lo expuesto y tomando en cuenta los elementos previamente glosados se determina la convicción unánime del Pleno de la Junta Nacional de Justicia en el sentido de ratificar a la fiscal evaluada.

En el sistema de justicia peruano, la ratificación es una evaluación individual y periódica que realiza la Junta Nacional de Justicia a jueces y fiscales. Se realiza cada siete años. Los magistrados que superan este período son evaluados en su conducta e idoneidad profesional.  Requiere el voto favorable de dos tercios del número legal de los miembros de la JNJ. Si no son ratificados, son separados definitivamente del cargo.