Cada 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de concienciar a la población mundial sobre el papel crucial que desempeñan los océanos en nuestra vida cotidiana. Los océanos cubren más del 70 % del planeta, producen al menos el 50 % del oxígeno, albergan la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra y constituyen la principal fuente de proteínas para más de 1, 000 millones de personas.
Este año, bajo el lema “Reimagina: una nueva relación con nuestro océano”, las Naciones Unidas hacen un llamado a dejar de ser simples beneficiarios de sus recursos para convertirnos en verdaderos guardianes de su futuro. En esa línea, la iniciativa global “12 Months of Action for 2026” promueve el tema de acción multianual “Áreas Marinas Protegidas Sólidas para Nuestro Planeta Azul”, en consonancia con la meta global 30×30, orientada a proteger al menos el 30 % del océano para el año 2030.
La Defensoría del Pueblo, en el marco de su mandato constitucional de protección de los derechos fundamentales, reafirma que el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado constituye un derecho humano esencial. Un océano sano es condición indispensable para el ejercicio de derechos fundamentales como la salud, la alimentación y el trabajo, particularmente para las comunidades costeras del Perú.
En ese sentido, como parte de su labor de supervisión y defensa de derechos vinculados a la protección del medio marino, la Defensoría del Pueblo ha desarrollado las siguientes acciones:
Informe Defensorial N.° 262 – «Hacia la ratificación del Acuerdo BBNJ» (2025): Mediante este informe, la institución respaldó la ratificación del Acuerdo sobre la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ), conocido como Tratado de Alta Mar, destacando su compatibilidad con la Constitución y su importancia para la conservación de los ecosistemas marinos y la protección de los derechos humanos. Asimismo, se advirtió que el retraso en su ratificación limita la participación activa del Perú en la gobernanza oceánica internacional y en la adopción de medidas para la conservación de los océanos abiertos.
Informe Defensorial N.° 254 – «Balance a tres años del derrame de petróleo en Ventanilla» (2025): A través de este documento, la Defensoría supervisó los impactos ambientales, sociales y económicos derivados del derrame ocurrido en enero de 2022 en la Refinería La Pampilla, formulando recomendaciones orientadas a fortalecer las acciones de remediación ambiental y atención a las poblaciones afectadas. El informe advierte que el cumplimiento de las recomendaciones continúa siendo mayoritariamente parcial y que el Estado aún no garantiza una reparación integral a las comunidades afectadas.
Supervisión interinstitucional realizada el 5 de noviembre de 2025 en las zonas marinas y costeras de Ventanilla (Callao) y Santa Rosa (Lima): Se participó en acciones de supervisión destinadas a evaluar el estado actual de la contaminación y verificar el avance de las labores de limpieza y recuperación ambiental en áreas afectadas por el derrame de petróleo ocurrido en enero de 2022.
En el marco del Día Mundial de los Océanos 2026, la Defensoría del Pueblo exhorta a las entidades competentes a adoptar medidas urgentes y efectivas:
Al Ministerio del Ambiente (MINAM): Liderar la implementación del Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica en el ámbito marino, priorizando la restauración de ecosistemas degradados, el control de especies invasoras y el fortalecimiento del financiamiento de las áreas marinas protegidas.
A la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Congreso de la República: Priorizar la ratificación del Acuerdo BBNJ para fortalecer la participación del Perú en la gobernanza oceánica internacional, facilitar el acceso a beneficios científicos y tecnológicos, y contribuir a la conservación marina más allá de las jurisdicciones nacionales.
Al Ministerio de la Producción (PRODUCE): Fortalecer las acciones de fiscalización frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), promoviendo prácticas sostenibles que garanticen la seguridad alimentaria y la conservación de los recursos hidrobiológicos.
Al Ministerio de Relaciones Exteriores: Fortalecer la cooperación internacional para la conservación oceánica y promover la participación activa del Perú en los espacios multilaterales de gobernanza marina.
Al Ministerio Público y al Poder Judicial: Priorizar las investigaciones por delitos ambientales que afectan el medio marino y garantizar el acceso a la justicia de las comunidades pesqueras afectadas y de las personas defensoras del ambiente.
Al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP): Reforzar la gestión efectiva de las áreas marinas protegidas, en especial la Reserva Nacional Dorsal de Nasca y la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, promoviendo una conservación participativa y sostenible de los ecosistemas marinos.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo reafirma su compromiso de continuar supervisando el cumplimiento de las obligaciones ambientales del Estado y promoviendo acciones orientadas a la protección de los ecosistemas marinos y de las poblaciones que dependen de ellos.