Por delitos de colusión y negociación incompatible será denunciado penalmente el alcalde Rivera, mientras que la gerente de transportes por delito de usurpación de funciones si en la reunión a realizarse el lunes 06 de abril con organizaciones sociales y transportistas, las autoridades municipales no dan marcha atrás en el reajuste ilegal de tarifas anunciado mediante comunicado de la MPA lo que viola el contrato de concesión sin una adenda y sin justificación técnica ni jurídica.

Así lo afirmó el Secretario Técnico de la Coordinadora Política Social, Ing. Elvis Jump, quien sostiene que los transportistas no pueden exigir reajustes de tarifas en la etapa preoperativa de acuerdo a la clausula 59.2 suscrito con la MPA ya que prestan servicio con buses viejos y no han renovado su flota vehicular en los últimos ocho años por lo que el reajuste de tarifas es ilegal y no se ajusta al contrato de concesión.

Refiere asimismo que, la gerenta de transportes de la MPA no tiene potestad legal para autorizar y avalar reajuste de tarifas, ya que dicha funcionaria municipal es un órgano de supervisión y fiscalización y no de regulación económica, ya que la entidad competente es SITRANSPORTE de acuerdo a la clausula 09.

Jump, remarca que el reajuste de tarifas requiere la aprobación de una adenda y no la suscripción de un acta de la gerente de transportes ya que así lo señala la cláusula 131.1 ya que las modificaciones deben realizarse manteniendo el equilibrio económico financiero conforme al DL 1224, DL 1362 y la Ley 3244.

Remarca asimismo que, no puede reajustarse las tarifas sin la opinión del organismo técnico ya que se requiere un estudió de demanda, capacidad e impacto económico. Indica asimismo que los transportistas no pueden cobrar nuevas tarifas con la simple publicación de un comunicado de la MPA ya que el área de relaciones públicas no tiene eficacia legal ni competencia.

Según Jump, lo legal es que SITRANSPORTE de acuerdo a la cláusula 1.3 una vez recibida la propuesta de tarifas puede emitir una resolución oficial. Menciona que según la Ley 27444 los actos de gobierno deben estar contenidos en un acto administrativo debidamente motivado mediante una resolución y ser publicado oficialmente. Por tanto, ningún comunicado municipal puede autorizar a privados a reajustar tarifas a los transportistas.

Respecto a las responsabilidades civiles, penal y administrativas, Jump afirma que, frente a la emisión del acta de la MPA, las autoridades municipales han incurrido en múltiples delitos.

El alcalde Rivera y el gerente municipal, han incurrido en los delitos de omisión rehusamiento y demora de actos funcionales como señala el art. 377 del Código Penal. La gerente de transportes, ha incurrido en responsabilidad penal por los delitos de usurpación de funciones (art. 361), colusión agravada (art. 384)  y negociación incompatible (art. 399). En responsabilidad administrativa, ha incurrido en la causal de destitución de acuerdo a la Ley de Servicio Civil por haber transgredido la Ley de APP 32441 pactando modificaciones contractuales sin una adenda.

Finalmente, afirma que la Contraloría mediante el órgano de control institucional tiene la obligación de emitir hitos de control concurrente y observar la publicación del comunicado de la MPA alterando el marco económico de un contrato de APP sin la intervención del MEFC, ni la Contraloría, de lo contrario incurrirían en negligencia funcional.

Como se recuerda el 01 de abril en el hemiciclo municipal se realizó una reunión con aproximadamente 50 dirigentes de diversas bases sociales de la ciudad, así como con representantes de las empresas concesionarias del Sistema Integrado de Transporte donde expusieron sus apreciaciones de la tarifa del pasaje.

El alcalde Rivera y sus funcionarios participaron de la reunión y acordaron que el lunes 6 de abril a las 10:00 horas, volverán a reunirse y evaluar propuestas y las empresas concesionarias deberán realizar previamente una junta de operadores.

Las organizaciones sociales se comprometieron a presentar un documento a la Municipalidad Provincial de Arequipa, el cual será canalizado ante la Presidencia de la República y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con la finalidad de plantear una subvención económica adelanto el alcalde Rivera.