La Junta Nacional de Justicia acordó por unanimidad no ratificar al administrado José Domingo Pérez Gómez en el cargo de fiscal provincial especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, correspondiente al Distrito Judicial de Lima.

La Junta Nacional de Justicia evaluó de manera integral los elementos vinculados al desempeño funcional del magistrado, conforme a los criterios establecidos en los procesos de ratificación. En ese sentido, se precisa que la confianza institucional que sustenta la ratificación se construye sobre la convicción de que el magistrado ejerce su cargo con mesura, respeto al marco normativo y plena dedicación al servicio de justicia.

Sin embargo, tras la ponderación conjunta de los elementos verificados durante el proceso de evaluación, el pleno determinó que no se alcanzó dicha convicción positiva necesaria para renovar su continuidad. En consecuencia, se dispuso su no ratificación conforme a los parámetros establecidos por la normativa vigente.

La Junta Nacional de Justicia reafirmó que los procesos de ratificación tienen como finalidad garantizar que jueces y fiscales mantengan estándares de idoneidad, conducta y desempeño acordes con la función que ejercen, en resguardo de la institucionalidad y del adecuado servicio de justicia a la ciudadanía.

José Domingo Pérez Gómez es abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Máster en Gestión Pública por la Universidad ESAN y máster en Derecho de la Empresa por la Universidad Católica de Santa María. Docente universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y en la Escuela del Ministerio Público.

Su labor fiscal se inició en 2005 como fiscal adjunto titular en la Fiscalía Provincial de Maynas en Loreto y posteriormente en las sedes del Ministerio Público en La Libertad y Lima; hasta que asumió el cargo de fiscal provincial penal corporativo de la provincia de Mariscal Nieto, en Moquegua.

Posteriormente fue designado como fiscal anticorrupción en Lima, donde estuvo a cargo de las investigaciones sobre el empresario Fortunato Canaán y Rómulo León Alegría por el conocido caso de los Petro audios, escándalo que comprometió al gobierno de Alan García. Para ellos pidió 5 años y cuatro meses de prisión. Más adelante, como fiscal titular, también asumió las investigaciones sobre el contrato de Línea Amarilla y el caso Chinchero, por la adenda suscrita por el gobierno para la construcción del aeropuerto de Chinchero.

El 2013, fue cesado como fiscal coordinador anticorrupción por el fiscal de la Nación de aquel entonces, José Peláez Bardales. Como fiscal anticorrupción, fue destacado en 2017 a la Fiscalía de Lavado de Activos. Ese año fue convocado para ser parte del equipo especial que investigar el caso Lava Jato, que dirige el fiscal Rafael Vela Barba.