El Fiscal de la Nación interino, Tomas Aladino, mediante Resolución 3578-2025 publicado en el diario oficial, conformó la comisión encargada de la elaboración del proyecto de la Ley Orgánica del Ministerio Público, integrada por 26 representantes del Ministerio Público encabezados por el Fiscal Supremo, Tomás Aladino Gálvez Villegas, quien la presidirá e integrada por los fiscales,  Iván Leudicio Quispe Mansilla, Wilfredo Alex Rivera Baltazar, Ronal Ramón Flores Ñañez, William Rabanal Palacios, Hugo Rogger Fernando Ramos Hurtado, John Henrry Martel Trujillo, Gilmer Robinson Jara Vergara, Jorge Wayner Chávez Cotrina, Octaviano Omar Tello Rosales, Frank Robert Almanza Altamirano, Fany Soledad Quispe, Hamilton Castro Trigoso, Boris Erasmo Olivera Espejo, Lea Guayan Huaccha, Carlos Alberto Pérez Sánchez, José William Fustamante Rafael, Miguel Ángel Puicon Yaipen, Mayda Virginia Mori Anto, Rocío Gala Gálvez, Alonso Raúl Peña Cabrera, Shano Efraín Cuizano Valencia, Lucio Cutipa Ccaso, Jorge Rosas Yataco y Martín Jim Mijichich Loli.

Los representantes de la Sociedad Civil y la Academia son, Aníbal Gonzalo Raúl Quiroga León, Arsenio Oré Guardia, Dino Carlos Caro Coria, Julio Rodríguez Delgado, Abogado, Luis Fernando Ibérico Castañeda, Percy Raphael García Cavero, Abogado, Romy Alexandra Chang Kcomt, Abogada y Víctor Oscar Shiyin García Toma, Abogado.

Los representantes de entidades públicas y privadas son, un representante del Poder Judicial, un representante del Congreso de la República, un representante del Ministerio del Interior, un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, un representante de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humano, un representante de la Procuraduría General del Estado, un representante de la Defensoría del Pueblo, un representante de la Contraloría General de la República, un representante de la Junta Nacional de Justicia, un representante de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, un representante del Colegio de Abogados de Lima, un representante de las Universidades: a. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Universidad Nacional de Trujillo, Universidad de San Martín de Porres, Universidad de Piura y un representante de Basel Institute on Governance.

La Resolución señala que la comisión conformada es de naturaleza temporal y tendrá una vigencia de tres meses computados desde su instalación, prorrogable previa solicitud sustentada por el presidente de la comisión y dispone que la comisión, al término de su labor encomendada, elevará al Fiscal de la Nación un informe con la propuesta final del proyecto de la Nueva Ley Orgánica del Ministerio Público.

En los considerandos de la resolución se afirma que con la nueva Ley Orgánica, el Ministerio Público busca realizar una verdadera reforma institucional y consolidar un marco jurídico que permita responder adecuadamente a los retos y funciones establecidos en el ordenamiento jurídico vigente, promoviendo un ejercicio eficiente y coherente de sus atribuciones, fortaleciendo la aplicación de la ley penal para asegurar una justicia penal más confiable y cercana al ciudadano y sobre todo dar una respuesta eficiente a la criminalidad extorsiva y organizaciones criminales, así como favoreciendo una racional utilización de los recursos humanos y logísticos de la institución, contribuyendo de esta manera a mejores resultados en materia de seguridad ciudadana, en la lucha contra la corrupción y a una debida protección del medio ambiente.

Breve comentario del tema

La comisión tiene excesiva conformación, a excepción de los representantes de las universidades del interior del país, hay una excesiva cantidad de abogados del centralismo limeño que tiene múltiples conflictos de intereses y algunos de ellos están procesados y solo se toma en cuenta al Colegio de Abogados de Lima ignorando a los del interior del país. El Colegio de Abogados de Arequipa debería emitir un pronunciamiento oficial sobre este tema concreto.

Lo correcto hubiera sido que sólo el Ministerio Publico con sus fiscalías especializadas, hubiera presentado un anteproyecto de ley y luego pedir opinión de la sociedad civil en audiencias públicas en las macrorregionales, a los poderes públicos y organismos constitucionales autónomos y enriquecer esa propuesta  normativa y elevar dicho proyecto de ley al Congreso para que dicha iniciativa legislativa con legitimidad y respaldo ciudadano no sea bloqueada y rechazada por intereses políticos de la partidocracia.

Es cierto que, según la ley orgánica del Ministerio Público, el Fiscal de la Nación tiene potestad normativa para conformar comisiones especiales, pero la resolución de Aladino Gálvez, debería ser revisada por la Junta de Fiscales Supremos, porque el tema es de interés público institucional y de interés social, y no solo del Fiscal de la Nación. No es un tema solo técnico de abogados, fiscales y jueces, sino que tiene implicancias jurídicas, políticas, sociales y morales, que no se debe ignorar como se percibe en la resolución que ha suscrito Tomas Aladino Gálvez que ha formado una comisión excesivamente tecnocrática y centralista.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado

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