La congresista Ruth Luque, presentó el proyecto de ley que pretende modificar la Ley N° 26271, que norma el derecho a pasajes libres y pasajes diferenciados cobrados por las empresas de transporte urbano e interurbano de pasajeros, para eliminar el beneficio de pases libres en favor de la Policía Nacional del Perú en el servicio de transporte.

Su propuesta señala que el artículo 1 de la Ley N° 26271 se modifica en los siguientes términos:  “Artículo 1.- El derecho a pases libres y a pases diferenciados y el derecho a pases cobrados por las empresas de servicio de transporte de pasajeros del ámbito urbano e interurbano del país, sólo se aplicarán tratándose de: a) Miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú; b) Alumnos Universitarios y de Institutos Superiores Universitarios en profesión o carrera cuya duración no sea menor de seis semestres académicos;  c) Escolares.”

Se deroga el artículo 2 de la Ley N° 26271, que norma el derecho a pasajes libres y pasajes diferenciados cobrados por las empresas de transporte urbano e interurbano de pasajeros.

En la exposición de motivos del proyecto de Luque, indica que La Ley 26271 reconoce los pases libres y diferenciados para cuatro colectivos: Policía Nacional del Perú (PNP) y bomberos; estudiantes universitarios y de instituto superior, así como de escolares. Se puede apreciar que la normativa cumplía varios objetivos simultáneos. Por un lado, tenía como finalidad incentivar y reconocer el servicio público gratuito y diferenciado en un contexto específico de los años noventa en favor de agentes de la PNP y de los bomberos; por otro lado, colaborar con el desarrollo educativo y formativo de los alumnos de educación superior y escolares.

Siendo así, el artículo 2 de la Ley 26271 se ha convertido en un privilegio desproporcionado para los miembros de la Policía Nacional del Perú, quienes gozan del derecho a pase libre en el transporte público urbano e interurbano del país y que traslada el costo de dicho beneficio a los transportistas privados. Es en ese sentido que este beneficio se otorgó en 1994 en un contexto histórico y político determinado donde se buscaba reconocer el sacrificio de la institución policial.

Luque, remarca que, hoy lamentablemente ha perdido su sentido y legitimidad social, convirtiéndose en un privilegio injusto, anacrónico y socialmente rechazado. En efecto, a diferencia de entonces, hoy en día la institución policial está gravemente deteriorada, con serios cuestionamientos en materia de ética pública, abuso de autoridad y participación en redes delictivas y organizaciones criminales. Diversos medios de comunicación y fuentes oficiales han documentado en los últimos años casos de corrupción, extorsión, robo agravado y narcotráfico que involucran a miembros de la PNP

La legisladora remarca que la evolución negativa de la seguridad en el país, así como la creciente percepción del mal desempeño policial exige revisar la medida. El Perú enfrenta un incremento sostenido de homicidios y expansión del crimen organizado, con datos recientes del SINADEF que anticipan un récord anual en 20255; además diversos reportes periodísticos y análisis sectoriales constatan que las extorsiones y la violencia se han “normalizado” en la vida cotidiana y golpean con especial crudeza al transporte público (con asesinatos de conductores por negarse a pagar cupos).

Siendo así, persistir en una gratuidad generalizada a la PNP no cumple más la finalidad por la que inicialmente fue concebida. Asimismo, la confianza ciudadana en la PNP es muy baja, ya que una encuesta de Ipsos del mes de febrero 2025 reporta que 70% desconfía del trabajo policial frente a la delincuencia6. En consecuencia, mantener privilegios no esenciales agudiza la crisis y falta de legitimidad institucional y erosiona la percepción de justicia e igualdad ante la ley.