El Poder Judicial debe tener autonomía económica y por ello el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó un proyecto de reforma constitucional para que se destine el 4% del PBI para dicho poder estatal, pero también se ha planteado crear un régimen especial de jubilación para los magistrados y no reciban pensiones míseras cuando cesen. Así lo afirmó el Dr. Jhony Cáceres Valencia, quien revela              que a julio del 2025 la sobrecarga procesal asciende a 6 millones de expedientes judiciales, al tiempo de agradecer a sus colegas de la Corte de Arequipa, por respaldarlo a la reelección ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Sus colegas jueces superiores de Arequipa acordaron respaldarlo a la reelección al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para el periodo 2025-2027. ¿Qué opinión tiene usted de este respaldo institucional?

Agradezco a mis colegas de la Corte Superior de Arequipa por el apoyo y espero que en las elecciones del 08 de agosto tenga el respaldo de los demás jueces de otras Cortes del país. Dentro de las propuestas que he planteado a mis colegas, está la de defender la independencia y autonomía del Poder Judicial ya que no somos apéndices de otros poderes estatales. No debemos permitir injerencia política de otros poderes públicos y el Poder Judicial debe defender los derechos de las personas.

Respecto a las demandas de sus colegas jueces ante otros poderes estatales, ¿Cuáles son esas prioridades de los magistrados judiciales?

El Poder Judicial debe tener autonomía económica constitucional que debería ser el 4% del PBI como lo tienen otros Estados vecinos y no estemos cada año solicitando ampliación presupuestal ni al gobierno ni al Congreso.

Eso pasa por una reforma constitucional con 87 votos. ¿Cree usted que tenga el respaldo de las bancadas en el Congreso?

Creo que si tendríamos el respaldo, estamos desarrollando sesiones descentralizadas de una comisión especial que preside la congresista Alva. También estamos solicitando derecho a una jubilación digna ya que cuando cesamos recibimos pensiones 1,000 soles lo que es injusto e indigno hacia los magistrados con más de treinta años de servicios. Ya hemos aprobado en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial un proyecto de ley de régimen especial de jubilación que no mueve la caja fiscal y el proyecto es novedoso y lo hemos presentado ante el Congreso.

Según el proyecto aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿Cuánto sería el monto de jubilación a los jueces?

Los jueces no están en el régimen de la 20530 ni en la 19990 sino en la 276 y 728 y aportamos a las AFPS. Tenemos un bono que no es pensionable. La propuesta legislativa es que de los recursos directamente recaudados por el Poder Judicial pasen a formar parte de un monto total conjuntamente con el dinero que aportamos a nuestras AFPS, se genere un fondo mutual y sea repartido entre los magistrados cesantes y tengan una jubilación digna y decorosa. Los jueces superiores su base de calculo es de 3 mil soles, los jueces de instancia es de 2 mil soles y los jueces de paz 1 mil soles y se jubilan con esos montos mínimos.

Otro tema relevante es que según la Junta Nacional de Justicia al 2024, el 51% de jueces en el país son provisionales, y solo el 49% son titulares. ¿Qué está fallando allí y porque hay tanta provisionalidad en el fuero judicial?

Es un problema que se arrastra hace tiempo y es una obligación de la Junta Nacional de Justicia de nombrar a magistrados. Hoy están en proceso concursos nacionales y es obvio que la provisionalidad no está bien, pero esa tarea es de la JNJ.

La JNJ afirma en su informe memoria 2024 que las Cortes Superiores no sinceran las plazas y por eso hubo un embalse en los últimos años, razón por la cual hay mucha provisionalidad, al margen que por el COVID se estancó los procesos de nombramientos. ¿Cuál es su apreciación sobre el tema?

La JNJ es la encargada de nombrar magistrados y cada Corte señala el número de magistrados que se necesita y esa es competencia de la JNJ que mediante convocatorias públicas desarrollan concursos públicos.

Usted integra el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El Decano del Colegio de Abogados del Cusco ha presentado ante INDECOPI una queja contra el Poder Judicial ya que han impuesto un arancel de 18 soles por el pago de grabación de audiencias judiciales que los abogados cuzqueños consideran una barrera burocrática que debe eliminarse. ¿Por qué se aprobó ese costo y cuál es la justificación?

Técnicamente se nos explicó en el CEPJ que las acciones y actos procesales son tomados en cuenta en el TUPA y tiene un costo y análisis económico. Cusco está en el legítimo derecho de plantear su queja ante el INDECOPI y tendrán que justificarlo técnicamente y esperaremos los resultados de la resolución del INDECOPI.

En los últimos meses el Congreso ha formado varias comisiones para reformar los Códigos Civiles, Penales, pero también ha aprobado varias leyes relacionadas a la administración de justicia. ¿Esos temas no deberían ventilarse previamente en el CERIAJUS y está bien que el parlamento apruebe estas normas o no?

El CERIAJUS tuvo su momento y planteó algunas reformas. La modificación de códigos debe tener la opinión de la judicatura con criterio técnico por parte de los magistrados.

¿Qué temas pendientes hay en agenda en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial?

Estamos trabajando con la presidenta, Dra. Janet Tello para descentralizar nuestras sesiones de trabajo y recibir la opinión de nuestros colegas jueces. Otra de las prioridades es la creación de las unidades de flagrancia para acelerar los procesos judiciales en pocos días o semanas.

¿Cuál es la actual carga procesal en el Poder Judicial al 2025?

Al mes de julio 2025 tenemos casi seis millones de expedientes judiciales y la mayor cantidad de ellos son los procesos en ejecución de sentencias principalmente en el área laboral donde el Estado es el mayor deudor. Un porcentaje a quienes debe el Estado es a los magistrados judiciales y en ocasiones algunos de ellos fallecen y son sus familiares los que continúan defendiendo los derechos de sus seres queridos lo que se repite lamentablemente en miles de ciudadanos a quienes el Estado no cumple sus obligaciones.