La gerencia regional de Energía y Minas de Arequipa incumplió el plazo legal para la atención de solicitudes de acceso a la información pública en el marco de la Ley 27806 a 41 ciudadanos, afectando la legalidad y transparencia que debe regir en la gestión pública y el derecho ciudadano de acceder a la información pública de manera oportuna.

Así lo señala de forma concluyente la gerencia regional de Control de Arequipa en el informe de acción posterior 4569-2025 del 19 de junio del 2025 denominado “Atención de solicitudes de acceso a la información publica fuera del plazo legal establecido”.

El informe de Contraloría refiere que mediante oficio N° 0283-2025-GRA/GREM de 20 de marzo de 2025 y oficio N° 380-2025-GRA/GREM de 15 de abril de 2025, la gerencia regional de Energía y Minas, remitió los pedidos de acceso a la información pública realizados en el marco de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre el periodo de setiembre a diciembre de 2024, en atención al oficio N° 000520-2025-CG/GRAR de 05 de marzo de 2025 y oficio N° 000753-2025-CG/GRAR de 04 de abril de 2025, mediante el cual la Gerencia Regional de Control de Arequipa requirió las solicitudes de acceso a la información pública del citado periodo, junto a los documentos de respuesta emitidos y sus actuados.

De la revisión a 56 solicitudes de acceso a la información realizadas en el marco de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, durante el periodo comprendido entre los meses de setiembre a diciembre de 2024, 41 de las solicitudes no fueron atendidas en el plazo de diez (10) días hábiles según normativa vigente.

De lo expuesto, se advierte que la Entidad no ha cumplido con atender las solicitudes de acceso a la información según lo estipulado en la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro del plazo legal establecido.

El informe dirigido al gerente regional de Energía y Minas, Luciano Taco Prado, el gerente regional de Control, le solicite que adopte las acciones que correspondan en el ámbito de sus competencias a fin de atender o superar el hecho con indicio de irregularidad como resultado de la Acción de Oficio Posterior y, de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades que correspondan.