Los Jefes de Logística y Patrimonio del gobierno regional de Arequipa en el procedimiento de compras ordinarias a través de la plataforma Perú compras del periodo 2023, fueron seleccionados sin sustento, proveedores que no ofertaron el menor costo total para la entidad lo que ocasionó un perjuicio económico de 110 mil 512 soles. Así lo señala el órgano de control institucional del gobierno regional de Arequipa en el informe de control especifico 080-2024 denominado “Adquisición de bienes realizados a través de la plataforma electrónica de Perú compras” del 13 de diciembre del 2024.

El informe precisa que en el año 2023 los Jefes de logística y Patrimonio del gobierno regional de Arequipa, seleccionaron a proveedores que no ofertaban el mejor costo total de fichas producto para la entidad, suscribiendo 25 ordenes de compras y guías de internamiento física, las mismas que fueron formalizadas a través de la emisión de 25 ordenas de compra electrónicas, mediante los cuales se contrató a proveedores cuyas ofertas no representaban los menores y mejores costos totales para el gobierno regional, inobservando el número de prelación, obviando considerar las mejores ofertas económicas logrando el mejor valor por dinero, a pesar que cumplían con todas las condiciones requeridas para su contratación, suscribiéndose informes cuyo contenido no sustenta los criterios de selección de las ofertas elegidas.

El informe de la OCI señala que los funcionarios regionales transgredieron la Ley 30225 de contrataciones del estado, aprobado por DS 082-2019 y las Disposiciones aplicables a catálogos electrónicos de acuerdo marco aprobado con Resolución 007-2017-OSCE, así como también la Directiva de los Lineamientos para la implementación y operación de catálogos electrónicos aprobado por Resolución de Perú Compras 139-2021. Estas irregularidades generaron un perjuicio económico al gobierno regional de Arequipa de 110 mil 512 soles por el pago en exceso a proveedores que no ofertaron los menores y mejores costos para el gobierno regional.

El informe da cuenta de estos casos irregulares al gobernador regional, Rohel Sánchez, y recomienda al órgano instructor realizar el procesamiento de los funcionarios públicos del gobierno regional comprendidos en las irregularidades y solicita al Procurador Público de la Contraloria se inicie las acciones civiles contra los funcionarios comprendidos en los hechos irregulares del informe de control especifico con la finalidad que se determinen las responsabilidades que correspondan.