En sesión desarrollada en Palacio de Gobierno el martes 05 de noviembre, el Consejo de Estado que presidió Dina Boluarte y jefes otros poderes públicos, aprobaron un proyecto de ley que permitirá a la Policía Nacional del Perú y a las Fuerzas Armadas el uso de la fuerza en el cumplimiento de sus funciones, estableciendo que sean juzgados en el fuero militar-policial al emplear sus armas de reglamento, siempre con el control previo de la Inspectoría, lo que en los hechos significa impunidad ya que los uniformados cometerán delitos, pero los uniformados son los que los juzgaran lo que contraviene normas internacionales de derechos humanos.

Se acordó también promover leyes que fortalezcan la lucha contra el crimen organizado y permitan a los gobiernos regionales y locales destinar recursos propios para la seguridad ciudadana, y se impulsará una ley para regular la situación de docentes vinculados al Movadef, garantizando su alejamiento de los menores y adolescentes.

Otro de los acuerdos fue fortalecer a la Policía Nacional contratándose personal en franco y vacaciones, y se autorizará al Ministerio del Interior la transferencia de recursos a gobiernos locales en emergencia para la compra de logística destinada a la seguridad ciudadana, implementándose un régimen especial en las compras estatales para la seguridad, con control de la Contraloría General de la República.

En la sesión del Consejo de Estado donde participaron titulares de poderes públicos y organismos constitucionales autónomos, se acordó mantener y ampliar las unidades de flagrancia, las cuales han logrado más de 7,000 condenas y se destinarán recursos para ampliar y construir nuevos penales, y se reorganizará el Instituto Nacional Penitenciario para mejorar su funcionamiento.

Se aumentará sanciones penales para quienes corrompan a miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, se aprobará leyes para proteger a denunciantes, víctimas y testigos de crímenes graves como el sicariato y la extorsión, se congelará cuentas bancarias utilizadas para extorsión y se incrementarán las penas para los extranjeros expulsados que reingresen al país de manera irregular, fortaleciendo así la respuesta del Estado frente a la reincidencia en delitos transnacionales.

También se aprobó la implementación de políticas migratorias que regularán el ingreso y permanencia de extranjeros, así como la fiscalización laboral de extranjeros en el país, se modificará la regulación del servicio de transporte realizado por personas extranjeras, y se reforzarán los requisitos de ingreso y permanencia en el territorio nacional, se fortalecerán los controles en las fronteras y se revisarán las políticas de movilidad humana para migrantes, refugiados y peruanos en el exterior, garantizando una gestión ordenada y segura de los flujos migratorios.

Foto Andina