El 10 de septiembre del 2024 la congresista Patricia Chirinos, presentó el proyecto de ley que pretende modificar el artículo 13 de la Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, incorporándose en este los numerales 4 y 5, en los siguientes términos:

«Artículo 13.- Potestad reglamentaria La potestad reglamentaria del presidente de la República se sujeta a las siguientes normas: El incumplimiento de los plazos establecidos para la aprobación de las normas reglamentarias constituye infracción constitucional que habilita al Congreso de la República a ejercer su función de control político a través de la denuncia constitucional contra los ministros responsables. El funcionario, servidor y directivo público es responsable administrativa, civil y penalmente, según corresponda, por el incumplimiento de sus deberes funcionales, por acción u omisión, el cual incluye la demora injustificada en la aprobación y publicación de las normas reglamentarias.

Chirinos indica que el incumplimiento de los plazos establecidos para la promulgación de normas reglamentarias ha sido una problemática recurrente en nuestro país. Esta situación genera incertidumbre jurídica, afecta la eficacia de las leyes y puede constituir una vulneración del principio de legalidad. Tal es así que la Defensoría del Pueblo en el año 2022 ha identificado que 11 leyes y decretos legislativos se encuentran pendientes de reglamentar o desarrollar por parte del Ministerio de Salud a pesar del cumplimiento de los plazos previstos para ello, afectando el derecho a la salud a las personas.

En el período comprendido entre 2016 y 2022, se identificó un total de 79 normas legales que requerían de reglamentación. De este conjunto, 64 superaron los plazos establecidos para su desarrollo normativo, 10 se encontraban dentro de los términos fijados y 5 carecían de un plazo específico para su reglamentación.

La parlamentaria Chirinos señala que su iniciativa legislativa busca establecer un marco normativo claro y contundente que permita sancionar de manera efectiva el incumplimiento de estos plazos, fortaleciendo así el control político sobre el Poder Ejecutivo y garantizando una mayor celeridad y eficiencia en la aplicación de las leyes. Como se ha expuesto, se han identificado casos recurrentes de demora en la promulgación de normas reglamentarias, lo que ha llevado a una aplicación tardía o inadecuada de las leyes. Esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que también afecta negativamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.