El congresista Juan Burgos presentó el proyecto de ley que pretende privatizar los penales del país para mejorar la eficiencia en la administración del sistema penitenciario, reducir el hacinamiento en centros de reclusión y optimizar el uso de recursos públicos.

El proyecto señala que debe entregarse en concesión la operación y mantenimiento a largo plazo mediante el mecanismo de asociaciones publico privadas regulado por el DL 1342. Sugiere que será un organismo de supervisión a través de un organismo especializado que deberá monitorear y supervisar la operación de los centros privatizados, quienes tendrán la facultad de realizar inspecciones periódicas, solicitar informes de gestión y aplicar sanciones en caso de incumplimiento de términos contractuales.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, Burgos afirma que este sistema funciona en Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Brasil y Chile. Refiere que, a marzo del 2023, la población penitenciaria era de 90,516 internos, de los cuales el 62% eran sentenciados y el 37% eran procesados, registrándose hacinamientos, siendo la tuberculosis una de las enfermedades más graves de los penales, al margen de nueva infraestructura.

Agrega que, según la sentencia del Tribunal Constitucional, se ha declarado un estado de cosas inconstitucionales en los penales y una situación deficitaria del tratamiento de enfermedades mentales violándose varios derechos humanos en las cárceles, por lo que es necesario privatizar el sistema penitenciario a través de las asociaciones publico privadas.