El 05 de agosto del 2024 la congresista Jacqueline Ugarte presentó el proyecto de ley de tres artículos que pretende fortalecer la capacidad técnica de las autoridades políticas elegidas por voto popular en los gobiernos regionales.

La propuesta legislativa tiene por objeto modificar el artículo 9 0 de la Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales siendo la finalidad fortalecer la capacidad técnica de las autoridades políticas elegidas por voto popular en los gobiernos regionales. Se plantea la modificación del artículo 9° de la Ley N° 27683, Ley de Elecciones Regionales, el cual queda redactado de la siguiente forma:

«Artículo 9.- Asunción y juramento de cargos: Para que los presidentes y vicepresidentes y los demás miembros del Consejo Regional electos y debidamente proclamados juramentados puedan asumir sus cargos el primer día del mes de enero del año siguiente, deben cumplir cualquiera de los siguientes requisitos: 1. Acreditar un diplomado, con una antigüedad no menor a dos años, en gestión pública, administración pública o en dirección pública, el cual debe haber sido expedido por una universidad pública licenciada. 2. El requisito anterior no es obligatorio si se cuenta con una maestría, inscrita en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, en gestión pública, administración pública, dirección pública o ciencia política. 3. Los requisitos anteriores no son necesarios si la persona electa acredita por lo menos cinco años de experiencia en el sector público.

4. La Contraloría General de la República y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, en coordinación con el Jurando Nacional de Elecciones (JNE), entre el periodo de juramentación y asunción del cargo, presentan cursos gratuitos on line para que aquellos que no cumplen ninguno de los tres requisitos previos descritos en el presente artículo, puedan subsanarlos. Es obligatoria la aprobación de los dos cursos con nota mínima de catorce.

En la exposición de motivos del proyecto de ley la congresista Ugarte, afirma que, al cierre del primer semestre de 2024, los resultados de la inversión pública en los Gobiernos subnacionales son insatisfactorios. Hasta junio de este año se han invertido S/ 22,444 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Aunque esto representa un incremento del 23.7% respecto al mismo periodo de 2023, solo refleja un avance del 33.7% del presupuesto total asignado para 2024. Es decir, aún falta ejecutar más del 65% del presupuesto para construir carreteras, escuelas, centros médicos, defensas ribereñas, conexiones de desagüe, etc.

Ugarte sostiene que el sistema político permite el acceso al poder de personas poco preparadas y, en muchos casos, inescrupulosas. Remarca que los gobiernos regionales en los últimos años, siguen siendo entidades débiles, con grandes carencias de recursos humanos, financieros y materiales, lo que dificulta su gestión. Por ello, es crucial que las autoridades que asumen responsabilidades en la conducción de estas entidades se capaciten y actualicen constantemente sus competencias para desempeñar adecuadamente sus funciones regionales.

Indica también que un gobernador regional, por ejemplo, que carece de conocimientos en gestión pública, enfrentará el desafío de que sus decisiones deben ser aprobadas primero por sus asesores. Sin embargo, estos asesores, en muchas ocasiones, también carecen del conocimiento necesario, lo que puede llevar a una gestión ineficaz o errónea en los primeros meses.

Ugarte concluye que el proyecto de ley brinda varios beneficios para las autoridades políticas elegidas por voto popular en los gobiernos regionales. Al exigir formación en gestión pública, administración pública o ciencia política, se asegura que estas autoridades estén mejor preparadas para cumplir sus responsabilidades de manera eficiente y efectiva, lo que puede resultar en una administración más competente y eficaz.