El 04 de julio en pronunciamiento público, suscrito por los alcaldes encabezados por Richard Ale y juntas de usuarios de la provincia de Islay, expresaron que las autoridades no deben permitir el inicio de actividades del Proyecto Minero Tía María y no haber obtenido la licencia social de la población de la zona.

El pronunciamiento señala que la Constitución Política garantiza que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado, pero también el Estado apoya en forma preferente el desarrollo agrario y la conservación de los recursos naturales y calidad ambiental en beneficio de las personas por lo que una posible contaminación nunca debería ser el precio de la prosperidad.

Los alcaldes y agricultores de Islay lamentan la actitud provocadora de la empresa Southern Perú al pretender iniciar las operaciones de su proyecto minero ya que no ha sido superado el conflicto social con la población y no ha demostrado garantías ambientales suficientes para la convivencia de dicho proyecto ni de los ecosistemas existentes en sus áreas de influencia. Por lo tanto, consideran que mientras no se obtenga la licencia social, resulta inviable el inicio de ninguna actividad u operación minera en la provincia de Islay ni asegura acabar con la pobreza.

Foto Prensa Regional