El gobierno nacional ganó la disputa legal contra Cerro Verde en proceso realizado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) interpuesta en marzo de 2020, donde la empresa minera reclamaba un incumplimiento del contrato de estabilidad de 1998 y del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos, en el que el gobierno peruano le exigía una compensación de US$909 millones.

Los abogados contratados por el Estado, del estudio Navarro & Pazos Abogados y el bufete internacional Baker Botts, informaron que el tribunal del CIADI desestimó las pretensiones del demandante Cerro Verde.

Fue la Sunat quien demandó a Cerro Verde, controlada por Freeport, el pago de regalías adeudadas desde 2006, mientras que la minera aducía que un contrato de estabilidad tributaria de 1998 la eximía de dicho pago. El Gobierno peruano sostenía que el contrato solo aplicaba a la planta de lixiviación estabilizada en el acuerdo de 1998 y no a la nueva planta concentradora desarrollada entre 2004 y 2006.

El Estado Peruano en el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial, ganaron los procesos en el país, mientras que Freeport y su socio Sumitomo llevaron el caso al CIADI en 2020. La defensa peruana, demostró la aplicación de la legislación peruana a proyectos específicos y refutó la falta de documentación oficial que respaldara la extensión del contrato de estabilidad a la planta concentradora. Freeport no logró presentar pruebas concluyentes, como un correo electrónico que afirmaban confirmar sus garantías verbales.

Mediante comunicado, Cerro Verde señaló que respeta la decisión del Tribunal Arbitral del CIADI y remarcó que ya pagó en su totalidad el monto principal de la deuda señalada por el Estado y expresó su decepción ya que considera que sus acciones se realizaron siempre conforme a ley.