Al promediar las 11 de la noche del viernes 29 de marzo, policías de la DIVIAC y fiscales del Ministerio Público, tuvieron que utilizar un combazo para forzar su ingreso a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte en el distrito de Surquillo de Lima, luego que la mandataria se resistiera a entregar en los últimos días la documentación de los relojes Rolex por el cual se le investiga. Boluarte no se encontraba en su domicilio y el allanamiento fue autorizado por el juez supremo, Juan Checkley, Juez Supremo de Investigación Preparatoria.

Posteriormente, los policiales y fiscales también concurrieron a Palacio de Gobierno para ingresar y recabar evidencias respecto a la procedencia de los relojes de la Jefa de Estado, ya que es investigada por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de declaración jurada de bienes. El ultimo martes 26, fiscales concurrieron al domicilio de Boluarte para recabar informacion y les exhiba los tres relojes Rolex, pero no fueron atendidos por la mandataria, afirmando su abogado que habia pedido una reprogramación de la cita.

El portal digital La Encerrona, denunció hace diez atrás que la presidenta Boluarte tenía 14 relojes Rolex que los habia exhibido en varios actos públicos en los últimos meses, lo que evidenciaría que habria comprado o recibido relojes de alto valor económico que la mandataria nacional debía aclarar de donde provinieron y porqué razones no lo declaró en su declaración jurada como funcionaria pública.

Entre tanto, el Diario El Comercio, reveló hace una semana que Boluarte tenía cuentas bancarias por encima de 1 millón cien mil soles de origen desconocido entre los meses de agosto 2016 y 2022 y habria incurrido en lavado de activos, siendo algunas de las cuentas mancomunadas con ex directivo del Club Apurímac, donde la mandataria fue presidenta. El Club Apurímac mediante comunicado solicitó ampliar estas investigaciones y rechazó el presunto mal uso de la institución en hechos delictivos que la policía y fiscalía debe investigar.

El primer ministro Adrianzen lamentó el allanamiento al domicilio de la presidenta ya que acreditó a su abogado en la investigación y calificó como atropello a su investidura la intervención fiscal y policial, descartando que prospere la petición de vacancia promovida por parlamentarios. Agregó que en las próximas horas se reunirá el gabinete ministerial para abordar este tema y posteriormente emitirán un pronunciamiento público al país.