El gobierno nacional mediante Resolución Directoral 023-2024-IN, suscrito por el Jorge Ortiz Marreros, Director General de Gobierno Interior, designó a tres subprefectos provinciales en el interior del pais y ventidos subprefectos distritales, entre los que se encuentran cuatro en distintos distritos de la región Arequipa.

Entre ellos, en el distrito de Miraflores en la provincia de Arequipa a Guillermo Salvador Aparicio Zuñiga, en el distrito del Cercado de Arequipa a Yulisa Maribel Jara Huamani, en el distrito de Aplao en la provincia de Castilla a Sarai Tirza Febres Abril y en el distrito de Callalli en la provincia de Caylloma a Peregrina Flores Yucra.

La Resolución señala que las autoridades políticas designadas deberán formular y presentar las declaraciones juradas de bienes y rentas, así como las declaraciones juradas de intereses, a fin de dar cumplimiento al marco normativo vigente.

Entre las funciones de los subprefectos distritales, se encuentran las siguientes:

1)Planear, dirigir, coordinar y supervisar la gestión de los Tenientes Gobernadores en el ámbito de su jurisdicción, 2) Proponer la designación y remoción de Tenientes Gobernadores a la Subprefectura Provincial en el ámbito de la jurisdicción, 3) Formular en Plan Anual de Trabajo en base al Plan Operativo y Plan Estratégico Institucional del Ministerio del Interior, para aprobación de la Subprefectura Provincial respectiva, 4) Informar a la Prefectura Regional, Subprefectura Provincial respectiva y/o a la Dirección General de Gobierno Interior, sobre la sobre la situación de los conflictos sociales, coordinaciones con las rondas campesinas u otras organizaciones comunales, desarrollo de los programas sociales en su jurisdicción y acciones del Estado, proponiendo las medidas más convenientes para el logro de objetivos, 5) Integral los Comités Distritales de Seguridad Ciudadana, 6) Participar y apoyar en las acciones de defensa y gestión del riego de desastres, en coordinación con la Subprefectura Provincial, 7) Promover el diálogo entre las autoridades y las organizaciones sociales de sus jurisdicciones, para asegurar una adecuada coordinación de la acción del Gobierno, etc.