La congresista Gladis Echaiz de Renovación Popular, presentó el proyecto de Ley de Reforma Constitucional que tiene por objeto crear la Escuela Nacional de la Magistratura, como único medio y forma de acceso a la carrera judicial y fiscal. Su finalidad es la selección, formación, capacitación y nombramiento para el ingreso y ascenso de jueces y fiscales. Su propósito es mejorar la competencia profesional, así como, las actitudes y aptitudes de los magistrados para garantizar una administración de justicia independiente, confiable, accesible y eficiente y con ello, el respeto de los derechos de las personas y efectividad de su finalidad que es la paz social en justicia.

La propuesta de Echaiz, también plantea la creación del Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Administración de Justicia, con la finalidad de que las instituciones que conforman este Sistema funcionen administrativamente de manera coordinada y articulada, con políticas públicas concertadas en todo aquello que les sea común, respetando sus propias autonomías e independencia funcional.

El proyecto señala que para garantizar la independencia funcional de jueces y fiscales de todas las instancias y con ello los principios básicos de la Administración de justicia, se elimina el proceso de Ratificación de magistrados y eleva a nivel Constitucional, la creación de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público como entidad autónoma pero integrante de la estructura orgánica de cada una de estas instituciones. Con tales propósitos se modifican los artículos 142, 144,147, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 178, 182 y 183 de la Constitución Política del Perú.

Echaiz, propone que el Presidente del Poder Judicial presida el Consejo de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia, el cual está conformado, además, por el Fiscal de la Nación, el Presidente del Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Magistratura, los jefes de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público, el Ministro del Interior, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y el Ministro de Economía y Finanzas. El Consejo de Coordinación Interinstitucional del sistema de Administración de Justicia, es el espacio de coordinación de las políticas públicas en materia de administración de justicia. Su funcionamiento se regula por ley.

Asimismo, el proyecto de la congresista Echaiz, afirma que la Escuela Nacional de la Magistratura es el centro superior de alta especialización e investigación académica que se encarga de la selección y formación de los aspirantes a ser jueces o fiscales y de su nombramiento; de la capacitación con fines de ascenso y de su actualización y perfeccionamiento; así como, de extender el título que los acredite como jueces o fiscales en su correspondiente grado y de su cancelación en los supuestos previstos por la ley. La Escuela se encarga de seleccionar y nombrar a los jefes de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público previo concurso público de oposición y méritos y de un periodo de especialización e inducción. La Escuela es autónoma y se rige por su Ley Orgánica.

La congresista Echaiz, en la exposición de motivos, afirma que se ha demostrado la grave problemática de la administración de justicia, debido a diversos factores, entre ellos, la politización de la justicia, o la judicialización de la política, la evidente incompetencia profesional de muchos jueces y fiscales, y las imputaciones de actos de corrupción por parte de los usuarios del servicio justicia; grave situación que proviene de haber escogido formas erradas de selección de magistrados, por razones de orden económico.

Agrega que en los últimos años se optó por el modelo de Consejo o Juntas, por ser más económico para el Estado, sin advertir que el costo ha sido mucho más alto y hoy nos encontramos en momentos de una grave crisis en el Ministerio Público, Poder Judicial y en la Propia Junta Nacional de Justicia, debido a la politización de la justicia, a la demostrada incapacidad profesional de muchos jueces y fiscales y de los propios miembros de la entidad seleccionadora.

Refiere que debido al tiempo que se viene sosteniendo esta problemática, bien podríamos decir que esta es una de las causas de la inseguridad social y de la falta de seguridad jurídica que viene incidiendo gravemente en la economía del país y es urgente la necesidad de reformar el modelo de selección de jueces y fiscales, adoptando el modelo de Escuela de la Magistratura, tan reclamada y añorada desde hace muchas décadas, por lo que cualquier costo es poco, para los beneficios que se podrán obtener con magistrados altamente capacitados, idóneos profesional y moralmente.