El 20 de octubre el Defensor del Pueblo. Josué Gutiérrez, presentó ante el presidente del Congreso, Alejandro Soto, el proyecto de ley denominado fortalecimiento institucional de la Defensoría del Pueblo que pretende reorganizar dicho organismo constitucional autónomo para modernizar su gestión institucional.

En resumen, el proyecto de ley, pretende modificar el numeral 2) del artículo 4°; modificar el primer y segundo párrafo del artículo 7°; modificar el numeral 8) e incorporar los numerales 9) y 10) del artículo 9°; modificar el primer párrafo e incorporar el tercer párrafo del artículo 16°; incorporar el sexto párrafo al artículo 19° y modificar el artículo 32° de la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

Entre las modificaciones propuestas, señala que “el Defensor del Pueblo, cesará por alguna de las siguientes causas, por vencimiento del plazo de designación, cuando se encuentre elegido el sucesor, el Defensor del Pueblo estará auxiliado por Adjuntos que lo representarán en el ejercicio de las funciones y atribuciones previstas en esta ley y serán designados por el Defensor del Pueblo, mediante resolución”.

Asimismo, entre las Facultades del Defensor del Pueblo, “intervenir en los conflictos sociales cumpliendo funciones de supervisión preventiva e intermediación defensorial, para promover el diálogo y las soluciones pacíficas y colaborativas a las demandas y problemas planteados por la sociedad y diseñar y ejecutar programas de formación y capacitación en Derechos Humanos y Constitucionales, que permitan crear conciencia en la ciudadanía”.

La propuesta legislativa señala que “las autoridades, funcionarios y servidores de los organismos públicos proporcionarán las informaciones solicitadas por el Defensor del Pueblo, así como facilitarán las supervisiones que éste disponga a los servicios públicos, establecimientos de la Policía Nacional y penitenciarios y entidades estatales sometidas a su control. El incumplimiento de esta disposición acarreará responsabilidad administrativa y/o penal, según corresponda”.

“El Defensor del Pueblo contará progresivamente con oficinas en cada capital de provincia, asimismo, podrá establecer Oficinas y/o Módulos Defensoriales distritales de acuerdo a la lejanía y/o conflictividad en los lugares que estime necesario. Así también se tendrá en cuenta los enfoques de interculturalidad y discapacidad, debiendo incorporar criterios que permitan la contratación de colaboradores inmersos en estas consideraciones. Los Jefes de las Oficinas Defensoriales serán designados por el Defensor del Pueblo, mediante resolución”.

El proyecto afirma también que “La Secretaría Técnica Especializada es un órgano de apoyo a la Comisión Especial, se encuentra adscrita al Despacho del Defensor del Pueblo, tiene carácter permanente y es designado mediante resolución del Defensor del Pueblo”.